vitoria. Los buenos propagandistas saben que la mejor forma de sembrar la confusión sobre un asunto es, mucho más que guardarse información, ocultarla entre una maraña indescifrable de datos, hechos aparentemente inconexos entre sí y opiniones diversas que, por su propia naturaleza, son tan legítimas todas ellas como contradictorias entre sí.

En el caso Miñano, o caso Zambrana, o caso del espionaje, la ingente cantidad de información que se genera día tras día ha llegado a impedir a la ciudadanía hacerse una composición de lugar clara sobre qué es lo que ha ocurrido, a quién se acusa de qué, o qué tienen que ver una frustrada recalificación en Zambrana con el presunto espionaje a los vips de la política alavesa o con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Los árboles, en definitiva, no dejan ver el bosque en estas últimas semanas tempestuosas. Esta última, cerrada además con una escalada en la espiral de declaraciones, detalles de la investigación judicial y frentes institucionales que no ha contribuido precisamente a aclarar las cosas.

El detonante El 17 de marzo del año pasado, la Ertzaintza detiene a ocho personas, entre ellas el diputado alavés de Administración Local, Alfredo De Miguel, el ex asesor del Tribunal de Cuentas Alfonso Arriola y el ex miembro del ABB del PNV, Aitor Telleria, imputados por un delito de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

"Caso Miñano" La operación policial de marzo se sustanciaba en la sospecha de que De Miguel, Telleria y Koldo Otxandiano, director financiero del Parque Tecnológico de Miñano, constituyeron una empresa tapadera, Kataia Consulting, domiciliada en una sociedad gastronómica de Vitoria y en la que sus mujeres ejercían de administradoras. Se cree que la firma canalizaba el dinero que los detenidos cobraban a cambio de adjudicar a dedo contratos para la expansión del parque tecnológico. El caso se destapó por la denuncia de una empresaria, Ainhoa Alberdi, que dijo haber sido extorsionada por Telleria y De Miguel, quienes le habrían reclamado insistentemente el pago de una comisión de 120.000 euros. A partir de ahí, el juez Roberto Ramos y el fiscal Josu Izaguirre tiraron del hilo y descubrieron la trama -presunta hasta que haya una sentencia- de cobro de comisiones. La investigación llegó a salpicar al entonces responsable de los tres parques tecnológicos vascos, hoy imputado.

Departamento de Cultura El minucioso examen de la actividad de Kataia sacó a la luz además una serie de adjudicaciones del Departamento de Cultura a esta firma, pero también a otras dos empresas, Errexal y Ortzi Muga, administradas por el exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan, que no ha sido imputado. Se trataba de contratos menores, no sujetos por tanto a concurso, y perfectamente legales desde ese punto de vista. La cuestión es que en el Gobierno Vasco afirman no contar con justificante alguno de las actividades por las que se concedieron esos contratos, adjudicados por Xabier Sánchez Robles, director de Juventud con el Gobierno de Juan José Ibarretxe, y firmados en última instancia por Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura. Ambos han sido imputados por la Justicia.

Espionaje Cuando la Ertzaintza examinó el ordenador de Aitor Telleria en busca de pruebas sobre su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones en el Parque Tecnológico de Miñano se encontró una sorpresa. Telleria guardaba datos de representantes del PP y el PSE alavés y de empresarios del territorio presuntamente recabados por dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca. Este diario reveló además ayer que un testigo llamado a declarar por esta causa, colaborador del CNI, confesó ante el juez haber seguido los movimientos del lehendakari Ibarretxe para el espionaje español.

"Caso Zambrana" La Justicia investiga qué papel jugó -si lo hizo de alguna forma- Alfredo De Miguel en la fallida recalificación de una parcela en la localidad alavesa para levantar un polígono industrial. La firma catalana Riera Urbanizer compró terrenos allí por valor de cinco millones de euros, tras recibir la promesa de Sidepur, gestora urbanística presuntamente recomendada al Ayuntamiento de Zambrana por De Miguel, de que no habría problemas con la recalificación. Los hubo, hasta el punto de que la operación se ha frustrado e incluso provocó un cambio de Gobierno en la localidad.