vitoria. En la alocada carrera en que se ha convertido el nuevo escenario abierto tras el fin de las "acciones armadas ofensivas" de ETA, en el que los acontecimientos parecen sucederse a velocidad de crucero -a excepción, por el momento, del paso fundamental, el anuncio del fin definitivo de las armas-, el papel que deben desempeñar las víctimas ha pasado asimismo al primer plano de la actualidad.

En las últimas semanas, muchas han sido las actitudes y pronunciamientos que han reabierto la discusión acerca de hasta qué punto los damnificados por el terrorismo pueden implicarse, o incluso condicionar, un proceso de resolución como el que estaría desarrollándose actualmente.

La asistencia de Rosa Rodero y Cristina Sagarzazu, viudas de dos ertzainas asesinados por ETA, al acto en homenaje a los miembros de HB Santi Brouard y Josu Muguruza; el documento presentado en Madrid por diversas asociaciones de víctimas en el que explicitan los preceptos que, a su juicio, deben marcar el proceso de paz; y la presentación en el Parlamento Vasco del informe sobre víctimas de motivación política, han devuelto al debate conceptos como reconciliación, impunidad y justicia. Tres voces cualificadas explican a este periódico las distintas variables que marcan la relación de las víctimas con estos procesos.

Txema Urkijo Atención Víctimas

"No tienen más legitimidad sobre cuestiones políticas"

Experto conocedor de la realidad de las víctimas como adjunto de la Oficina de Atención de Víctimas del Gobierno Vasco, Txema Urkijo comienza asegurando que el "elemento fundamental" de este colectivo, más que cumplir un papel determinado, es ser acreedor de unos derechos que vienen recogidos en la Ley de Víctimas aprobada por el Parlamento Vasco en junio de 2008. A partir de ahí, y en lo que al proceso de paz se refiere, "su memoria debe ser un elemento deslegitimador de la violencia terrorista".

Es decir, según él, la memoria de las víctimas "debe ser garante de que el final de la violencia no se produce a través de una lectura que justifique la existencia pasada de la violencia". Que no tenga lugar, por tanto, "una contraprestación política para terminar con la violencia o por haber terminado con ella".

Muy al contrario, asociaciones lideradas por la Fundación de Víctimas del Terrorismo -que preside Maite Pagazaurtundua- se han metido completamente en harina y presentaron el 24 de noviembre un documento que fija sus "condiciones mínimas" sobre el final de ETA. Entre otras cosas, el texto exige la reprobación de la historia de la banda y el cumplimiento íntegro de las penas por parte de los presos.

A este respecto, Txema Urkijo es claro: "las víctimas tienen derecho a opinar sobre lo que quieran, pero eso no significa que tengan un plus de legitimidad a la hora de plantear otras cuestiones que tienen que ver más con la política antiterrorista o con la política penitenciaria. Ahí tienen el mismo derecho a opinar que cualquier ciudadano". Estas materias son "responsabilidad de los poderes públicos, que tienen que velar por el bien común dentro del respeto a la ley y al Estado de Derecho. Cómo lo hagan les compete exclusivamente a ellos".

Pese a las reacciones contrapuestas que provocó la presencia de Rosa Rodero y Cristina Sagarzazu en el homenaje en Bilbao a Brouard y Muguruza, Urkijo sólo tiene palabras positivas para "una decisión individual que tiene una significación indudable". Razona que "el reconocimiento mutuo de sufrimientos diversos es un elemento importante por el cual hay que pasar para llegar a la reconstrucción de relaciones sociales y la mejora de la convivencia".

"Estamos hablando de dos víctimas de grupos terroristas de distinto signo pero que tienen una serie de elementos en común. Y el reconocimiento del sufrimiento injusto del otro, que ha sufrido de igual modo, aunque sea provocado por otro grupo terrorista, es un elemento de aproximación", zanja.

Jon Landa Profesor dcho. penal

"No deben suponer una traba en un proceso de resolución"

El exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y profesor titular de Derecho Penal de la UPV Jon Landa despliega un discurso eminentemente posibilista y reconoce que "las víctimas son una parte importantísima de un proceso de paz", por lo que llama a "atenderlas con justicia, verdad y reparación". Agrega que "deben ser un elemento dinamizador, en positivo, de la resolución global, sin que eso suponga una especie de traba o de veto, como si fuera incompatible con el hecho de que la sociedad vaya resolviendo los conflictos".

Landa insta a "comprender y respetar las distintas actitudes que puedan tener. Habrá quien, como víctima, se cierre a un proceso de resolución y de paz, y habrá quien tenga una actitud mucho más generosa, porque personalmente pueda hacer la síntesis de superación de sus propios traumas". En este caso se situarían las víctimas de ETA que acudieron el día 20 del pasado mes de noviembre al acto por los dos dirigentes de HB asesinados en los 80. "Objetivamente hay un elevado nivel de generosidad, son capaces de pasar por encima de su impacto y encima tender puentes", asevera.

Agrega que "en una sociedad en la que la división ideológica lo contamina todo, donde no se permiten tonos de gris, que haya personas capaces de tender esos puentes sin tener ninguna obligación para ello es algo positivo y que nos debería ayudar a todos". En cualquier caso, emplaza a que prevalezca el "respeto, también cuando hay actitudes de dolor y personas que no son capaces de superarlo". Responsable del anterior informe de Víctimas de Motivación Política que se presentó durante la última legislatura de Juan José Ibarretxe, Jon Landa afirma que, en cualquier caso, "no se hace ningún favor entrando a una especie de debate contra, entre o por organizaciones. Son debates que es mejor superarlos en la medida de lo posible".

También desliza varias críticas hacia la labor del actual Gobierno Vasco sobre las víctimas. Así, señala que "no es cierta" la afirmación de la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, de que la sociedad vasca ha estado "anestesiada e indiferente" hasta la llegada del Gabinete de Patxi López. "La sociedad vasca está activa y tiene muchos frentes", contrapone.

Por último, opina que, en materia de Educación, el Ejecutivo "se está equivocando porque no se puede plantear el Plan para la Paz como un órdago hacia la sociedad" y lamenta que "no se haya realizado una labor pedagógica de presentación y de búsqueda de consensos".

Xabier aierdi sociólogo

"Al final, las decisiones las tienen que tomar los políticos"

El profesor del Departamento de Sociología de la UPV Xabier Aierdi resume su pensamiento sobre el papel que deben desempeñar las víctimas en un proceso de resolución con una frase: "la solidaridad absoluta con las víctimas no equivale a una absoluta incondicionalidad con sus puntos de vista".

Reconoce que las víctimas se han convertido en agentes que forman parte indisociable de un proceso, y apunta que "todo el mundo tiene derecho a condicionar, cada uno conoce su fuerza, pero al final la decisión tiene que ser de los políticos". Agrega que "tiene que haber una mutua fecundación, pero no hasta el punto de impedir o de llegar a una situación en la que el ámbito político no tenga autonomía para hacer lo que quiere hacer".

Insiste en que "eso también tiene que quedarle claro al mundo de las víctimas. Ellos tienen que condicionar como mejor puedan, para eso son grupos de presión como en cualquier otro ámbito como el económico, donde hay empresarios, sindicatos y agentes. Pero eso se tiene que concretar después en que se elige a unos representantes para que intervengan".

Las exigencias no se quedan en las víctimas, que "no pueden tener carta blanca", sino que se extienden a la izquierda abertzale oficial, que "no puede pensar que aquí no ha ocurrido nada". Xabier Aierdi explica que "hay que ser muy inflexible con abandonar la perspectiva de que hay unas víctimas a las que se ha hecho daño en nombre de unos objetivos del pueblo vasco; el mundo de Batasuna y de ETA tienen que analizarlo, y ese daño de alguna forma hay que repararlo". Concluye que "no se puede negar que el ámbito político tenga su autonomía pero eso tampoco puede servir para olvidar todo lo que ha ocurrido".

Tras "agradecer el gesto" que tuvieron Rosa Rodero y Cristina Sagarzazu al personarse en el homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza, el profesor de Sociología defiende que el Gobierno español lleve a cabo medidas de distensión, por ejemplo con los presos, a pesar de la oposición de ciertas asociaciones de víctimas. "El principio de justicia tiene que conllevar un principio de reparación de las víctimas, pero no pueden pedir un principio de venganza, con el que se han hecho cosas muy graves como el caso Egunkaria o el 18/98".