MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer un "programa legislativo prioritario" con un total de 26 reformas legales que el Gobierno se propone aprobar antes del mes de julio de 2011, entre las que se encuentran la reforma de las pensiones y la de políticas activas de empleo, la creación del llamado modelo austriaco de capitalización de los trabajadores y la ley del Gobierno local. Según ha explicado el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, el Ejecutivo ha puesto fecha a estos 26 proyectos porque los cree claves para superar la crisis y empezar a crear empleo, aunque en el calendario hay algunas leyes que son de contenido social, como la de cuidados paliativos y muerte digna, o la modificación de la patria potestad, tutela y sucesiones para condenados por violencia de género (enero).
No obstante, Rubalcaba dejó claro que este calendario no excluye que el Gobierno pueda aprobar en este periodo otras leyes y, de hecho, ha adelantado que en las próximas dos o cuatro semanas él mismo llevará al Consejo como ministro de Interior una nueva Ley de Policía.
En el calendario prioritario se incluyen dos proyectos de ley relacionados con aspectos del Estatuto catalán que fueron anulados por el Tribunal Constitucional y que el Gobierno se comprometió a intentar recuperar: en abril se presentará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita crear Consejos Territoriales y descentralizar competencias, y en junio una ley sobre utilización de las lenguas cooficiales ante los órganos del Estado, como el propio Constitucional o el Consejo de Estado.
primer cuatrimestre Según el calendario, el Consejo de Ministros aprobará en diciembre el proyecto de Ley Concursal, el de la Ley Integral de Igualdad de Trato, uno de introducción de nuevas tecnologías en Justicia y una Ley General de Telecomunicaciones.
Para el primer trimestre de 2011, el Gobierno se ha puesto la tarea de aprobar el proyecto de ley de Reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones, pero sin fecha precisa porque esperará el dictamen de la comisión del Pacto de Toledo. En enero dará luz verde a su propuesta de reforma de las políticas activas de empleo, la de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la del juego y la ley de residuos y suelos contaminados. Ese mes propondrá también una reforma del Código Civil para evitar que personas condenadas por malos tratos puedan mantener la tutela de sus hijos. En febrero el Gobierno aprobará el proyecto de ley de servicios profesinales, la ley de calidad y medio ambiente urbano y una ley reguladora de la jurisdicción social que traspasará algunos aspectos que antes dependían de la civil.
Para marzo la prioridad es la ley de negociación colectiva, la ley del Gobierno local y la de cuidados paliativos. Ese mismo mes el Gobierno prevé aprobar una reforma de las leyes de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
En abril le llegará el turno a la nueva ley de eficiencia energética y energías renovables.
