vitoria. El Gobierno de Patxi López presentará antes de final de año el informe sobre las víctimas de motivación política que debía haber remitido al Parlamento en junio y que aún no ha visto la luz por la dificultad para alcanzar el consenso entre los grupos políticos. El parlamentario del PSE Jesús Loza ha presentado una enmienda a una propuesta de Aralar, en la que los abertzales exigían el "inmediato" envío del texto a los grupos, que insta al Ejecutivo a "presentar el informe dentro del presente periodo de sesiones". Es decir, antes del 23 de diciembre, cuando la Cámara celebrará el Pleno de Presupuestos y cerrará sus puertas hasta febrero.

La enmienda del PSE se registró ayer en la Mesa, cuatro días después de que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, se comprometiera en el Legislativo a presentar el informe en las próximas semanas. Antes, la directora de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, emprenderá una ronda de partidos para terminar de salvar los obstáculos en torno a un texto especialmente sensible. El informe ha de detallar, sin dar nombres, las vulneraciones de derechos humanos practicadas por las fuerzas de seguridad en controles, manifestaciones o en dependencias policiales, y que según el director de Derechos Humanos del Gabinete Ibarretxe, Jon Landa, causaron a finales de los setenta y principios de los ochenta más de cien muertes violentas y dejaron más de 500 heridos.

Aunque la petición del informe recabó una sorprendente unanimidad de los grupos el 22 de diciembre, las posiciones a la hora de entrar en detalles son, o al menos han sido hasta la fecha, insalvables. Uno de los puntos de discordia es el límite temporal en el que se den por extinguidas estas violaciones de derechos humanos. Los nacionalistas no quieren poner fechas, y el PP se podría encontrar en la tesitura, en ese supuesto, de respaldar con su voto la condena a hechos cometidos por policías en activo.

Ésas y otras asperezas, que ahora trata de limar Maixabel Lasa con las navidades como horizonte, han sido las que han impedido un acuerdo anterior y las que llevaron al Gobierno a pedir paciencia a los grupos. La prórroga se mantuvo hasta que EA decidió actuar en octubre y exigió la comparecencia de Lasa, e inmediatamente después Aralar hizo lo propio. La polémica desembocó en la ausencia de los dos grupos en el Día de la Memoria.

Las víctimas de grupos policiales o de extrema derecha son las únicas que aún no han sido reconocidas, pues la Ley de 2008 recogía tanto a los damnificados por ETA como a quienes fueron asesinados por el GAL, los Comandos Autónomos Anticapitalistas o la Triple A.