vitoria. Además del Día de la Memoria, el desarrollo de la Ley de Víctimas -aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco- cerrará esta semana una nueva cuenta pendiente con el acuerdo aprobado ayer en el Gobierno autonómico para ofrecer una asistencia integrada a los damnificados por este tipo de violencia, a pesar de que otras demandas como la reserva de plazas en las OPE no será una realidad hasta, al menos, dentro de tres años.
El objetivo del decreto rubricado ayer no implica nuevas medidas de apoyo pero busca una mejor canalización para que la respuesta de la Administración vasca ante las necesidades de las víctimas sea más rápida y eficaz. De esta forma, los responsables de Interior, Sanidad, Justicia, Vivienda, Educación y Empleo coordinarán de manera conjunta la gestión de estas ayudas que están dotadas con una financiación de 1,2 millones de euros.
El acuerdo, anunciado por la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, tras el Consejo de Gobierno semanal, reporta un rango normativo a las ayudas que cada departamento ofrecía hasta ahora de forma unilateral; es decir, a partir de la puesta en marcha del decreto aprobado ayer se oficializan los apoyos a los que este colectivo tiene derecho por ley y se facilita la manera de acceder a ellos.
En el debe figura aún la reserva de plazas de puestos públicos en las OPE a las víctimas del terrorismo. En este contexto, Mendia recordó que está pendiente una readaptación de la Ley de Función Pública vasca para lograr adecuarla a los cambios normativos que este mismo escenario ha registrado en los últimos meses en el Estado. La portavoz aseguró que en la nueva normativa autonómica "se contemplará" la incorporación de los damnificados por la violencia terrorista a esos puestos.
No obstante, ese paso no se dará, al menos, hasta 2013. Y es que el calendario legislativo que presentó el Gabinete López contempla la aprobación de la nueva Ley de Función Pública para el tercer trimestre de 2012, en puertas del final de la actual legislatura.
