vitoria. Zapatero ha dado el primer paso para salvar los Presupuestos de 2011 y estirar la legislatura hasta el final, pero no le ha salido gratis. La transferencia a Euskadi de las políticas activas de empleo, aun siendo la única comunidad que no disponía de ellas, ha abierto la caja de Pandora en el Estado. Menos de 48 horas después del acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno e Iñigo Urkullu en La Moncloa, cinco comunidades autónomas estaban ya a la cola para recibir las bonificaciones a la contratación, y el candidato de CiU en las inminentes elecciones catalanas, Artur Mas, prometía la transferencia si accede al Palau de la Generalitat. Al poco salió el actual Gobierno de Montilla para afirmar que ellos la traerán.

La cesión de estas bonificaciones forma parte del Estatuto de Gernika, como recordó ayer Eusko Alkartasuna en una rueda de prensa que ofreció para acusar al PNV de volver a la senda autonomista y "mercadear con derechos", según explicó su secretario general, Pello Urizar. No figura, sin embargo, en otros estatutos, pero ahora ya da igual. El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, fue quien metió a Zapatero en un buen lío al anunciar el jueves, seguramente con la sana intención de salvar la imagen de un presidente al que se acusa de otorgar privilegios al nacionalismo para seguir en el poder, el café para todos. O más bien, para las comunidades que hayan reformado su estatuto o estén en ello.

A la conclusión del Consejo de Ministros que aprobó ayer el proyecto presupuestario con permiso del PNV, la portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que "no hay ningún plan previsto" al respecto, pero ya era demasiado tarde. La fallida propuesta de Zarrías daba la opción de pedir la transferencia a Andalucía, Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y Castilla y León. Las cuatro primeras se apresuraron ayer a optar al traspaso, con mayor o menor ardor, y dos más también quisieron sumarse.

El presidente navarro, Miguel Sanz, afirmó en Radio Euskadi que si las bonificaciones no se transfieren al resto de comunidades, se entiende que a la suya también, la CAV se encontraría en una situación privilegiada. "Si eso -el acuerdo- se facilita al conjunto de las administraciones autónomas, podremos decir que, al final, todos estamos en la misma situación. De lo contrario, indudablemente se estará generando una política de agravio que será desde luego cuestionada entre otras administraciones", advirtió el mandatario navarro.

Además, el presidente canario, Paulino Rivero, aseguró que el acuerdo firmado el miércoles no rompe la solidaridad del Estado, teniendo en cuenta que se ha abierto la posibilidad a los demás. Se postulaba así para obtene rtambién las bonificaciones.

Y mientras, las reacciones al acuerdo del miércoles seguían surgiendo por doquier entre partidos y agentes sociales. CCOO denunció el "ocultismo" en la negociación, UGT temía que se rompa la caja única, y LAB criticó que el acuerdo viene precedido por el respaldo del PNV a la reforma laboral.

Además, el popular vasco Antonio Damborenea afirmó que el PP "mandará" a López no firmar el traspaso si rompe la caja única, pero su presidente, Antonio Basagoiti, aseguró que será leal a López aun enfrentándose a su partido si se respeta la hucha común. No tendrá que hacerlo, pues el PP estatal, que va a forzar un debate en el Congreso sobre la transferencia, afirmó ayer por boca de Cristóbal Montoro que si el acuerdo no rompe la Seguridad Social será gracias a los populares. Coincide, pues, con el punto de vista de Basagoiti.

Mientras, el destinatario del traspaso, el Gobierno Vasco, reiteraba ayer que Zapatero ha sido "leal" a Patxi López, según lo afirmó la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.