MADRID. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha convocado a los sindicatos a negociar la reducción de los "liberados sindicales" anunciada ayer por la presidenta Esperanza Aguirre y que ha marcado durante dos días el último debate sobre el Estado de la Región de esta legislatura. Con la aplicación estricta de la ley, el Ejecutivo madrileño pretende reducir de 3.500 a 1.490 los liberados que hay en la Administración y que el resto "se reincorpore a su puesto de trabajo".

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha sido el encargado, por orden de Esperanza Aguirre, de convocar la Mesa General de la Función Pública que previsiblemente mañana tratará este tema. En los pasillos de la Asamblea, Granados explicó que no contempla la posibilidad de "no alcanzar un acuerdo" sobre este asunto, porque confía en que los sindicatos estén "a la altura de las circunstancias", aunque reconoció que el Gobierno regional "podría aplicar la medida, si no hay acuerdo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, añadió que "estoy convencida de que serán los propios sindicatos los que sabrán aceptar que la nueva ley, el nuevo estatuto básico del empleado público, prevé una serie de cuestiones que hay que adoptar también en la Comunidad de Madrid".

acusaciones En torno a esta polémica también marcó ayer postura el Gobierno central. Así, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que en España hay los "liberados" sindicales que corresponde según establece la ley, y por tanto él considera que "son los que deben de estar". "Lo que hay que hacer es cumplir la ley, y por lo tanto, sobre ese particular, cualquier debate que quiera hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid creo que debe hacerlo en un clima de más rigor y más serenidad", explicó Celestino Corbacho.

Además, el titular de Trabajo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero criticó que Aguirre trate de "aprovechar" electoralmente este asunto, algo que según él "es en definitiva lo único que pretende".

A Corbacho le contestó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, criticando el secretismo con el que el Gobierno esconde las cifras de liberados en las diferentes Administraciones Públicas, postura que no ha cambiado pese a "los centenares de preguntas que hemos hecho".