bilbao. Frenéticas fueron las horas previas a la finalmente no celebrada manifestación de Adierazi EH en Bilbao, y otro tanto sucedió con las reacciones de los partidos políticos. Frente a un bloque constitucionalista que elogió la decisión de la Audiencia Nacional, las formaciones abertzales condenaron la "provocación" y el "atropello democrático" del tribunal ante una manifestación que perseguía reunir a agentes políticos, sociales y sindicales de diversos sectores pero que aglutinan "desde la pluralidad a la mayoría de la sociedad".
Pero fue el polo soberanista el que enunció las críticas más veladas. Sus acusaciones fueron para la Audiencia Nacional, el PP y el PSOE. Ejemplo de ello fue Pello Urizar. Para EA la orden de la AN es fruto del "puro miedo" al renovado panorama abierto en el escenario político. "Llevamos semanas diciéndolo: están nerviosos. Ahora podemos añadir: tienen miedo. No asumen que Euskal Herria está entrando en una nueva fase", resumió su presidente. Y reiteraron que la senda emprendida "es irreversible", aludiendo a la reciente declaración de ETA de alto el fuego, "un cambio de ciclo cuya principal característica es que se basa en decisiones puramente políticas, no en estrategias de ETA, ni está tutelado por ETA"; frente una sociedad vasca a la que "no se le puede aplicar la receta" de la actuación policial. Pero según Urizar, en este caso "han optado por la prohibición judicial", terció. Así, apeló a "la serenidad y la prudencia" que, desde luego, "PP, PSOE y la Audiencia Nacional han demostrado no tener".
Considerado como "uno de los mayores atropellos en democracia", Aralar emplazó, en declaraciones de su cúpula desde la Diada celebrada ayer en Barcelona, a responder "pacífica pero contundentemente a la provocación del Estado". Según Jon Abril, su vicecoordinador, la marcha resultaba "una manifestación pacífica con un carácter totalmente plural". La prohibición, por contra, "deja en evidencia la debilidad de la democracia española". Un llamamiento expreso al PSE y a Patxi López a "dar la palabra al pueblo" y que "de una vez" resulte posible "profundizar en la resolución del conflicto" cerro su valoración.
La izquierda abertzale tradicional también lanzó sus dardos al Gobierno español al tildar los dos vetos consecutivos de la Audiencia Nacional a las marchas de Adierazi EH como una "auténtica irresponsabilidad" del ejecutivo de Zapatero, "un sabotaje del PSOE" contra la "nueva fase política". Ante la voluntad de una realidad sin violencia por la que, a juicio de la formación ha optado la banda armada ETA, y mientras diversos agentes de Euskal Herria se unen para ahondar en ese nuevo escenario para un proceso democrático -en clara alusión a Adierazi EH- que debe erigirse en "irreversible", el Gobierno de Madrid "sigue la inercia de una estrategia política cómoda en el escenario de enfrentamiento y bloqueo", estipularon.
Como "provocación innecesaria" resumió el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, la decisión de la Audiencia Nacional que, a su juicio, "nos retrotrae a tiempos anteriores" y no sirven para "favorecer un clima de convivencia política".
Urkullu emplazó a los poderes del Estado a que "asuman el compromiso que les corresponde". "Lo primero es que podamos vivir en paz, pero también que podamos desarrollar nuestras aspiraciones y manifestaciones legítimas", aseguró, argumentando que el tribunal ha "usado como excusa" el pretexto de que "sucesores de la ilegalizada Batasuna" convocaron la manifestación.
Para Hamaikabat la prohibición no es si no una actitud "incomprensible"enclavada en "motivos claramente políticos". El portavoz de Ezker Batua, Serafín Llamas, tildó de "auténtico atropello democrático" el proceder del juez Moreno, que busca poner "obstáculos" al avance hacia la paz en Euskadi.
aplauso y respeto Opuesta, muy divergente, fue la opinión hecha pública ayer por PP y PSE sobre los sucesos de ayer en Bilbao. Mientras que los populares aplaudieron la determinación del juez Ismael Moreno y la Fiscalía de la AN por vetar la concentración, el PSE fue más sibilino al mostrar su "más absoluto respeto a las decisiones de los jueces", tanto en este caso como si "la decisión hubiese sido distinta", tal y como apeló su portavoz José Antonio Pastor. El titular de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, ahondó en esa idea al reafirmar que la Ertzaintza cumpliría con su obligación. Desde las filas del PP fue Leopoldo Barreda quién alegó que la marcha de ayer "pretendía sustituir administrativamente a la de los convocantes originales para burlar una decisión de la justicia".
