La queja de Lamarca -criticó al consejero por provocar "un retroceso en el sistema de garantías de la ciudadanía frente a la Administración Pública Vasca"- no es, sin embargo, un caso aislado. Partidos como el PNV y sindicatos como ELA han denunciado el oscurantismo en el que, a su juicio, está instalado Ares al frente de Interior.
El parlamentario del grupo Nacionalistas Vascos Mikel Martínez denunció que "la actitud obstruccionista del consejero Ares al derecho de acceso a información en poder del Gobierno que nos asiste como parlamentarios viene siendo una constante". En declaraciones a este diario, aseguró que esta forma de proceder "se refleja en reiteradas negativas a aportar documentación oficial -actas de órganos oficiales, mesa de negociación, Consejo de la Ertzaintza- por razones injustificadas como no estar firmadas o contener datos sensibles". La propia Mesa del Parlamento Vasco ha concedido su amparo "al menos en dos ocasiones" a la formación jeltzale ante el boicot informativo que viene sufriendo.
Martínez citó como el último ejemplo de esta situación una petición de información del pasado 16 de junio en la que reclamaba "el último documento de propuestas elaborado por el Departamento de Interior y entregado a los sindicatos sobre medidas para reducir el absentismo en la Ertzaintza".
En su respuesta, enviada un mes después, Ares rechazaba la petición asegurando que su Consejería "no maneja en este momento una propuesta cerrada" para combatir las bajas. El parlamentario jeltzale criticó este argumento al considerar que el titular de Interior " niega la existencia de un documento oficial del Departamento fechado el 25 de mayo y entregado en la comisión de trabajo creada para abordar el absentismo laboral".
Según Mikel Martínez, "si a todo esto añadimos las lacónicas y hasta irrespetuosas respuestas que en demasiadas ocasiones se nos trasladan, podemos concluir que el señor Ares es el máximo responsable de esta situación de negación de información". Todo ello denota, según sus palabras, "falta de transparencia y de respeto hacia la labor parlamentaria".
Estas críticas del PNV en la Cámara de Gasteiz han coincidido con el malestar expresado por el sindicato ELA también como consecuencia de una negativa de información por parte de Interior, en concreto en referencia a la merma que sufrirán los ertzainas en su sueldo como consecuencia del recorte salarial a todos los funcionarios del Estado. En una nota del pasado 23 de julio, la central abertzale denuncia que la dirección de Recursos Humanos les negó los datos concretos del recorte con la excusa de que "no existía autorización para ello". A ello se añade que, según su versión, sí le facilitaron esta información al sindicato ErNE.
"La dirección de Recursos Humanos practica el mobbing sindical", comienza el comunicado de ELA, en el que denuncia que hasta en tres ocasiones se les negara acceder a las cifras de la reducción de salarios, muy al contrario que "al pesebrista sindicato ErNE". "Tres negaciones que han resultado ser tres mentiras", agrega, como atestiguan "las llamadas de afiliados informando de que disponían de datos concretos sobre el recorte", así como la publicación de una nota al respecto por parte de la central mayoritaria. "Se ha demostrado que las ruedas de prensa y los comunicados de ELA molestan al consejero y asociados, y que la verdad escuece", asevera.
El portavoz de la central abertzale Tomás Rodríguez aseguró a este periódico que "se está produciendo un trato de favor clarísimo" hacia ErNE, un sindicato que, según su opinión, "está haciendo trampa, dando a entender que hace una cosa y practicando en realidad otra".
En su comunicado, ELA aprovecha para criticar la reducción del sueldo a los agentes y resalta la "peculiar situación de los y las trabajadoras de la Ertzaintza, ya que al contrario de lo que pudiera parecer lógico, que es reducir el número de horas de jornada al ver reducido el salario, los llamamientos en días libres no cesan".
Control del Ararteko Este aluvión de reproches comenzó el 28 de junio, cuando se hizo público el informe del Ararteko sobre las quejas realizadas por familiares de varios de los detenidos a comienzos de año en Bizkaia y Gipuzkoa ante el presunto maltrato al que habrían sido sometidos durante los interrogatorios. En sus conclusiones, Iñigo Lamarca aseguraba que los intentos de impedir el control de la legalidad de la acción policial "carecen de justificación jurídica".
