vitoria. Hasta ahora todos los integrantes del Consejo han destacado el grado de acuerdo y sintonía en el que se están desarrollando los primeros contactos, e incluso usted aseguró que se trataría de alcanzar acuerdos por unanimidad, aunque no lo exija la Ley. ¿No llegará algún momento, cuando se entre en cuestiones concretas, en el que haya diferencias difíciles de salvar entre unos y otros?

La voluntad del Consejo es trabajar por el consenso, siempre que se pueda, algo que por mi parte me parece excelente.

En su día abogó por la discreción para que el Consejo pueda ser eficaz. ¿Teme que una exposición excesiva de este foro a la opinión pública pueda dar al traste con el consenso? ¿Se ha tratado en el Consejo la política que se seguirá con respecto a los medios de comunicación?

La discreción no es incompatible con el conocimiento por la opinión pública de los trabajos del Consejo. Por lo que se refiere a la política a seguir con respecto a los medios de comunicación, el Consejo designó como sus portavoces al presidente y, en su caso, al secretario. De otra parte, en cada reunión se determinará el contenido y el modo de transmitir la información a los medios de comunicación.

¿Qué papel juega el Gobierno en el Consejo? ¿Son activos o su papel es más el de escuchar a las asociaciones y fundaciones?

El Consejo es un órgano mixto y paritario en el que todos sus miembros tienen el mismo papel que debe ser, a la vez, de escucha, de emisión de opinión y de formulación de iniciativas y propuestas. Éstas pueden ir dirigidas en todos los sentidos.

¿En qué medida pueden colaborar los alcaldes, presentes a través de Eudel en el Consejo, en la consecución de acuerdos en este foro?

El plano y la perspectiva municipal es muy importante en lo que se refiere a los cauces de participación ciudadana, de ahí que su papel haya igualmente de ser muy relevante cuando de lo que se trata es de los cauces de participación social de las víctimas del terrorismo.

Trataron en su primer encuentro sobre los criterios a la hora de conceder subvenciones. ¿Qué disfunciones se han detectado hasta ahora en este sentido? ¿Qué mejoras serían necesarias?

Todavía no hemos entrado a estudiar los criterios. Se ha constatado que es un tema de la competencia del Consejo y que se desea abordar, y a tal efecto se ha solicitado un informe a la Dirección de Víctimas que permita dar inicio a su evaluación.

¿Hasta qué punto es importante llevar la deslegitimación, de una u otra forma, a las aulas?

En mi opinión, el adecuado conocimiento y análisis de la realidad de la victimización causada por el terrorismo puede ser un elemento importante y positivo en la educación de nuestros hijos. Por ello todo esfuerzo realizado en esta línea en el plano educativo, con flexibilidad en cuanto a las formas de desarrollo y contando con los profesionales y con los centros a mí me parece del mayor interés.

Comentó que tratarían de dar voz a las víctimas no asociadas, cuya situación hasta ahora no se había puesto sobre la mesa. ¿Fueron las propias asociaciones quienes plantearon su inquietud con respecto a este tema?

Todos los miembros del Consejo compartimos el diagnóstico de que conviene hacer todo lo posible para que las víctimas no asociadas se sientan también partícipes de las actividades del Consejo.

¿De qué manera se puede dar cauce a sus reclamaciones y propuestas si carecen del amparo de una estructura detrás en la que apoyarse?

Habrá que examinar cuál es la metodología más adecuada. Las posibilidades son múltiples: estudios, contactos más directos... En todo caso, conviene recordar que el Consejo no es la voz de las víctimas. Es un órgano más amplio, donde no sólo están las víctimas y cuyo objetivo es encontrar puntos de acuerdo respecto de temas importantes que afectan a todas las víctimas del terrorismo, estén asociadas o no.

¿Han arrancado algún compromiso al Gobierno con respecto a la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Víctimas?

El Consejo por unanimidad ha informado positivamente el Reglamento y ha manifestado al Gobierno el deseo de que, por su importancia, se culminen cuanto antes los trámites pendientes para su aprobación.

¿Qué supondrá, en la práctica, contar con esta herramienta?

El reglamento es preciso para una completa aplicación de la Ley en todo lo referido al sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo. La Ley remitió al desarrollo reglamentario algunas cuestiones importantes como determinar los límites económicos de las prestaciones o ciertas cuestiones de carácter procedimental u organizativo y es el Reglamento el texto que, al lado de otras cuestiones, como las medidas de asistencia jurídica a las víctimas, viene a desarrollar esos aspectos que están necesitados de su desarrollo para su plena aplicación.

¿Podemos aprender, en materia de reconocimiento a las víctimas, de las experiencias en otros países? ¿Hay algún ejemplo de buen hacer a este respecto?

Como la Victimología pone de manifiesto el reconocimiento a las víctimas es un tema pendiente en la mayor parte de los países. Ciertamente, hay países que han manifestado desde antiguo mayor sensibilidad, particularmente por lo que se refiere a determinadas víctimas de ciertos hechos delictivos. Tal es el caso de Canadá con respecto del maltrato a menores o doméstico, por ejemplo. En todo caso, conviene decir que por lo que respecta a las víctimas del terrorismo la Ley 4/2008, por su estructura y contenido, constituye en el marco comparado un modelo a seguir.