Madrid. El Partido Popular ha trasladado al Gobierno del PSOE un conjunto de propuestas para que se incluyan en la modificación de la Ley Electoral General con el fin de impedir que Batasuna se presente a las próximas elecciones municipales y forales, que aspiran a endurecer las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo con este mismo fin y que serán discutidas en la subcomisión creada en el Congreso para reformar la Ley Electoral.
Según explicó a Europa Press el portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, su partido ha planteado, entre otras cuestiones, una fórmula más segura para disolver ayuntamientos en caso de que estos estén gobernados por un partido ilegalizado o que no se desvincule de ETA y quieren un "compromiso del Gobierno" para "limpiar todas aquellas listas" en las que haya "antiguos miembros de ETA que no se hayan reinsertado o miembros de Batasuna".
Al ser preguntado si esta propuesta se realiza en base a la posibilidad de que la izquierda abertzale utilice las siglas de Eusko Alkartasuna (EA), como se está barajando, Trillo no quiso especificar más. No obstante, fuentes populares apuntaron que ante esta posibilidad se está estudiando y analizando qué fórmula utilizar para impedir que la izquierda abertzale pueda burlar la Ley por esa vía.
De hecho, el Fiscal General del Estado realizó la pasada semana un planteamiento que podría ir en esa dirección. Cándido Conde-Pumpido planteó establecer por ley que, además de listas, se puedan impugnar "candidaturas aisladas", en el caso de que en un partido que en su conjunto sea "legal" y "democrático", y no pudiera ser impugnado, "se incrustase alguna candidatura fraudulenta de Batasuna".
Otra de las propuestas que ha realizado el PP, según explicó Trillo, consiste en incluir en la legislación un recurso contra la proclamación de electos de Batasuna en caso de que hayan podido burlar los controles legales y colarse en los comicios. Además, el PP ha planteado una fórmula más directa para que un electo pierda el escaño y es que "la declaración de ilegalidad (de un partido político) arrastre a los que tengan escaño a las consecuencias de pertenecer a una asociación ilícita".
Según Trillo, su partido ha realizado estas propuestas porque consideran que la reforma que ha presentado el Gobierno es "necesaria" pero "no suficiente". No obstante, explica que aún no ha recibido una respuesta del Ejecutivo en relación con los contenidos de su propuesta.
