madrid. Los diez magistrados que comenzarán hoy a discutir sobre la sentencia del Estatut (queda fuera el catalán Pablo Pérez-Trems, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo), tendrán sobre la mesa un fallo, elaborado por la ponente, Elisa Pérez Vera, que anula una quincena de artículos y somete a otra veintena a interpretación. Es decir, éstos últimos se aceptarían siempre y cuando las leyes que los desarrollen respeten los criterios que el Tribunal Constitucional establezca.
Los cinco borradores que ha ido presentando Pérez Vela no han contado hasta el momento con el consenso suficiente para ser aprobados, y de hecho existiría un empate técnico que sólo podría resolverse con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, circunstancia que los dos sectores presentes en el Constitucional (progresistas y conservadores), rechazan.
En una votación realizada a modo de "sondeo" el pasado mes de noviembre se evidenció que a favor de la ponencia estarían, además de su autora y la presidenta del Tribunal, los magistrados de tendencia progresista Eugeni Gay y Pascual Sala. En contra estarían los magistrados nombrados a instancias del PP Ramón Rodríguez Arribas, Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del Constitucional.
En un tercer bloque, según especulaciones de los últimos meses, se situarían los dos magistrados que pueden tener la clave para la aprobación definitiva del texto de la ponente, el vicepresidente Guillermo Jiménez y el vocal progresista Manuel Aragón Reyes. La decisión que adopten finalmente ambos podría decidir el futuro de todo el texto estatutario catalán
De prestado Se da la circunstancia de que tanto la presidenta Casas (Progresista) como Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Rodríguez-Zapata (conservadores) concluyeron su mandato en diciembre de 2007 sin que los grupos del Senado, a quien corresponde su renovación, hayan consensuado a sus sustitutos.
Hay otro dato clave y es que todos los partidos esperan esta sentencia para ultimar su estrategia de cara a las elecciones catalanas del próximo otoño.
