"Son víctimas sobrevivientes". Así explicaba ayer el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, por qué exige que el nuevo decreto que desarrolla el Sistema de Asistencia Integral a las Víctimas del Terrorismo "incluya medidas para paliar las situaciones de los perseguidos y amenazados", que quedan "totalmente excluidos", dijo, con la regulación propuesta por el Ejecutivo de Patxi López. Y así se lo ha hecho saber al Departamento de Interior, al que ha remitido reflexiones como ésta con las que pretende resolver las "lagunas" que aprecia en una propuesta que, en cualquier caso, destaca como "positiva". Maneiro discrepa con otras cuestiones relativas a la ayuda a las víctimas como que se establezca un límite económico y temporal al tratamiento que deban recibir. Además, pide que se tomen "medidas activas para la promoción" de su empleo, discriminándolas positivamente en la "integración laboral". En otro orden de cosas, UPyD también pedirá al Ejecutivo que acabe con las pensiones vitalicias que hasta ahora perciben quienes han ocupado altos cargos en el Gobierno, ya que las considera "privilegios" inaceptables e "injustos", especialmente en tiempos de crisis.
