La Fiscalía dice que suspender a Garzón iría contra la independencia judicial

Así lo expone el Ministerio Público en el informe que le había sido solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la admisión a trámite por parte del Supremo de dos querellas contra el magistrado -ayer se admitió una tercera- y que ahora será estudiado por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.

El Alto Tribunal investiga a Garzón por declararse competente y abrir una causa sobre los crímenes del franquismo, por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York y, desde ayer, por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados del "caso Gürtel" que se encontraban en prisión y sus abogados.

En su informe, la Fiscalía considera "contrario a la lógica jurídica" que la suspensión cautelar de funciones de un juez sea concebida "como de aplicación automática" a todos aquellos magistrados afectados por la admisión a trámite de querellas interpuestas contra ellos por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio Público argumenta su tesis citando jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, que en una sentencia de octubre de 2009 estableció que la suspensión de un juez por parte del CGPJ "no es consecuencia de la admisión de la querella" y que esta medida sólo debe adoptarse cuando se considere que la continuidad del juez en su cargo "puede producir efectos contraproducentes".

La Fiscalía cita asimismo un acuerdo adoptado en 1998 por el CGPJ en los mismos términos y concluye que "la admisión a trámite de una querella, aun cuando sea por presunto delito de prevaricación, no debe nunca suponer de forma automática la suspensión provisional de funciones" si no concurren además otras circunstancias que "pongan en cuestión el modelo constitucional de Estado de Derecho".

El Ministerio Público vuelve a recurrir en este punto a resoluciones anteriores del CGPJ para concluir que éste viene aplicando la suspensión "en el momento en que se acuerda la apertura de juicio oral (...) o al dictar auto de procesamiento" -lo que aún no ha ocurrido con Garzón- y, en todo caso, siempre que el fiscal respalde la acusación.

Así ocurrió con el juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita, suspendido después de que se admitiera la querella presentada contra él por una mujer que había visto retrasada durante dos años la tramitación de un expediente para adoptar a la hija de su compañera sentimental.

El fiscal recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional obliga a basar las medidas cautelares en "un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes" y termina señalando que de los autos de admisión a trámite de las querellas contra Garzón no se puede concluir que la continuidad de éste en su cargo suponga algún perjuicio.

Así, señala que ni causa daño a la Justicia ni pone en peligro la confianza de los ciudadanos en ésta, "máxime si las querellas solamente han sido admitidas a trámite sin que exista apertura de juicio oral contra él, siendo la postura del Ministerio Fiscal (...) solicitar en todo momento el archivo de las mismas al considerar que los hechos en los que se apoyan no son constitutivos de delito".

Ello debe conducir, dice, "a entender que no procede la medida de suspensión provisional, pues si se acordara ahora sería efectivamente contraria a las garantías de independencia e inamovilidad que son exigencias precisas y necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional".

Mientras la Fiscalía presentaba su informe, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón -que se querellaron contra Garzón por los cobros recibidos en Nueva York- se han dirigido al CGPJ para exigir la suspensión cautelar del juez tras la admisión a trámite de una nueva querella contra él.

Además, aseguran en un comunicado que ejercerán "acciones legales" contra los vocales del Poder Judicial "si no le suspenden ya".