Vitoria. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comunicó ayer a Arnaldo Otegi, Rafa Díez y a otros siete dirigentes de la izquierda abertzale su procesamiento por ser integrantes de Bateragune, un organismo que el magistrado define como "de coordinación dirigido y controlado por ETA en el seno de la izquierda abertzale". Según Garzón, los integrantes de Bateragune pretendían crear un "un referente político" que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011. Además de Otegi y Díez, comparecieron ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Amaia Esnal, Txelui Moreno y José Manuel Serra. El ex portavoz de Batasuna, que compareció junto a los otros procesados, presentaba un aspecto tranquilo y sonriente y, a pesar de encontrarse esposado, aprovechó la ocasión para saludar a dos de los procesados que se encuentran en libertad y a sus abogados. Además de Otegi y Díez, también están encarcelados desde su detención en octubre Rodríguez, Zabaleta y Jacinto. El juez cree que los encausados pretendían "crear un bloque para el desarrollo de una estrategia soberanista" que diera forma a la "estrategia político-mlitar" de ETA creando un nuevo referente político institucional que sucediera a Batasuna y cuya constitución estaba prevista para la primavera de 2010. Según explica el auto, los indicios acumulados en la investigación apuntan a que el proyecto estaba próximo a materializarse cuando se produjo la intervención policial y judicial, en octubre de 2009. Garzón les acusa de desarrollar "una estrategia de combinación de votos y bombas" que se ponía en marcha al dictado de la "organización" y que incluía la utilización de "parones en la lucha armada". Según el juez, una de las actividades desarrolladas por Otegi era "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de ETA (...) para facilitar los contactos y aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas que se muestren contrarios a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar, si bien la actividad violenta continúa en el resto de España".