vitoria. Inmerso en el ordenado caos de miles de informes, proyectos y archivos parlamentarios, Ricardo Gatzagaetxebarria se sumerge en la marea de cifras que presenta su despacho para asumir el nuevo rol que ocupa el PNV desde que el pacto entre socialistas y populares desbancara al partido jeltzale del Gobierno Vasco. Su dilatada trayectoria después de formar parte de tres parlamentos y el bagaje en materia económica que presenta le ha convertido en una de las puntas de lanza de los nacionalistas vascos para intentar evitar la "mercancía averiada" en las transferencias competenciales y lidiar con los incumplimientos estatutarios.
Usted es el parlamentario que más iniciativas ha registrado en la Cámara en estos siete meses de legislatura. ¿Se siente el azote del nuevo Gobierno?
Eso no tiene ninguna trascendencia. Lo importante es el trabajo en grupo dirigido a dos cuestiones fundamentales: ejercer la labor legislativa y la del control del Gobierno. En este momento tenemos una posición política nueva, a la que cada vez nos vamos adaptando mejor, que supone un cambio de mentalidad política de los que hemos sido parlamentarios de apoyo al Gobierno. Eso crea una forma de hacer política que nos está exigiendo una adaptación que hemos conseguido.
El PNV no admitirá "mercancía averiada" en el traspaso de las políticas activas de empleo. ¿Supone un aplazamiento "sine die" en caso de que el PSOE no transija?
El Gobierno se ha comprometido, en el marco de las negociaciones presupuestarias, a consultar al PNV y a pedirle su opinión, y si no es favorable el traspaso no se realizará antes del 30 de septiembre. Nada más. Es un reflejo de la puesta en valor de nuestro partido para que la competencia se transfiera en condiciones ajustadas al contenido del Estatuto. Pero nosotros no tenemos capacidad para impedir una transferencia ni para acelerarla o desacelerarla, lo que pasa es que el Gobierno ha entendido que es una transferencia de tal envergadura que quiere hacerla de común acuerdo con el PNV, lo que ha sentado mal al lehendakari y al PSE.
¿Existen dificultades técnicas o políticas para el traspaso competencial?
No hay dificultades técnicas, hay dificultades de contenido competencial, dificultades políticas. Las políticas activas de empleo son todas aquéllas que no son pasivas -el pago de la prestación de la Seguridad Social y del subsidio de desempleo-. Todas las comunidades autónomas tienen una excepción que es la gestión de las políticas de empleo a excepción de la gestión y la ejecución de los fondos estatales de empleo. Nosotros no tenemos esa excepción, por lo tanto tenemos la competencia en su totalidad en la ejecución, aunque no para legislar. Eso se tiene que plasmar con un contenido y con voluntad política en el decreto de transferencias. También tenemos la singularidad financiera, que supone que la valoración del traspaso se debe realizar aplicando las reglas del Concierto Económico. Entre otras cosas, lo que estamos pidiendo es la subrogación íntegra del INEM en Euskadi, salvo las políticas pasivas.
El vicepresidente Manuel Chaves aseguraba en agosto que la negociación había finalizado y que sólo restaba fijar fecha para el traspaso. Cuatro meses después desconocemos la fecha. ¿Qué ha ocurrido?
Nosotros no sabemos qué contenido están negociando ni lo hemos sabido nunca, mientras que el contenido que pedimos es público. No conocemos la propuesta con la que han ido Patxi López o Gemma Zabaleta a negociar con Chaves. Dijeron que habían llegado a un acuerdo, pero ¿sobre qué contenido competencial? Hay que conocer las funciones que van a ser objeto del traspaso, sin conocerlas difícilmente podremos hacer una valoración. Si el traspaso se hiciera acorde a las funciones que corresponden a Euskadi según el Estatuto, la valoración tendría que ser mayor que los 300 millones que anunciaron al cuantificar la transferencia, por lo menos debería rondar los 470 millones. Por tanto vemos que en ese documento hay cosas que faltan, como las bonificaciones y ayudas de promoción indirecta para la creación de empleo, que ya han anunciado que no se está hablando de eso.
PNV y PSE no se ponen de acuerdo sobre si el lehendakari conoció el acuerdo alcanzado en Madrid entre su partido y el Gobierno español desde que se firmó.
Patxi López estaba al corriente y, como dijo Iñigo Urkullu, miente.
¿Por qué no hicieron público este acuerdo?
Pusimos tres condiciones: que se aceptara la proposición de ley que derivaba del Parlamento Vasco respecto a las normas tributarias, que se pusieran en marcha los medios para el pago de los 450 millones del IVA en Álava, y que las transferencias no se hicieran de manera devaluada. Nuestras condiciones eran públicas y el PSOE las aceptó. Aparecían en un comunicado enviado por el EBB en el que se recogían nuestras peticiones para sentarnos a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Otra cosa es que el Gobierno haya querido hacer como que no sabía nada, pero el PNV lo comunicó.
¿Cuando firman el citado pacto saben que la transferencia no se materializará el 1 de enero, la fecha anunciada por López?
La transferencia se puede hacer mañana mismo. Nosotros tenemos un modelo basado en los acuerdos estatutarios del 93 y 95, el problema es que parece ser que no se quieren incluir las bonificaciones para fomentar el empleo y la gestión de los fondos estatales de empleo. Si eso se incluyera, el traspaso se podría hacer mañana mismo. El problema es político porque el Estado quiere seguir manteniendo el mismo modelo para Euskadi que en otras comunidades autónomas, y la singularidad está ahí.
Euskadi suma 125.000 parados. ¿Afectaría en alguna medida a esta situación que la competencia pasase a manos del Gobierno Vasco?
Hay una regla general que ha funcionado: materia que ha sido objeto de transferencia y gestionada por parte del Gobierno con cercanía, siempre ha sido mejor gestionada que cuando se hacía por parte de un ministerio a través de una delegación en Euskadi. Cualquier avance en el autogobierno ha supuesto una mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos vascos, cada vez que ha habido una transferencia ha sido beneficiosa para la sociedad. Ahora bien, de ahí a decir que habría menos desempleados... Depende de muchos factores. No obstante, ayudaría a hacer planes y programas de promoción de empleos propios. Se fusionarían los servicios del Inem a los que ya tiene en marcha el Gobierno Vasco a través de los servicios de Lanbide, lo que permitiría combatir el desempleo y mejorar la situación. Se podría diseñar una política propia, como se hace en servicios sociales o sanidad.
Tras salvar su penúltimo escollo, el blindaje del Concierto continúa su camino después de que PSOE y PNV enmendaran la propuesta alcanzada en el Parlamento Vasco. ¿Esta modificación obedece a que no se habían hecho los deberes correctamente en Euskadi?
El texto del Parlamento Vasco tiene un contenido que a nosotros nos parecía correcto pero hay aportaciones desde el punto de vista jurídico-constitucional que han hecho también desde el Estado. Con estos ajustes queda mejor de lo que salió del Parlamento Vasco.
¿Qué se ha mejorado?
Ellos entendían que eran ajustes técnicos que se tenían que realizar.
Se lo pregunto porque el PP afirmó que las enmiendas habían rectificado "hasta cierto punto" la "inconstitucionalidad clara" que contenía la propuesta original.
El PP tiene una posición contraria y debe buscar argumentos para dar satisfacción a las críticas que el Concierto Económico sufre en otras comunidades autónomas.
¿Cómo interpretan las discrepancias que este asunto ha generado entre el PP español y sus compañeros de partido en Euskadi?
Como lo dijo el propio Basagoiti, como una desautorización total y contundente del PP cuando entiende que no procede la equiparación de la normas forales. Obedece a que ellos tienen una visión en la que la autonomía tributaria de Euskadi no puede ser igual a efectos de su enjuiciamiento como es en el resto de las comunidades autónomas. Y yo creo que el PP vasco ha colaborado con aportaciones en la proposición de ley que se tramitó ante las Cortes Generales y con un discurso en el que ellos creían. Pero, evidentemente, en un partido de ámbito estatal prevalece el criterio que ellos estiman.
El PP quiere aprovechar la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, necesaria en el blindaje, para incluir otras variaciones y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad frente a estatutos "polémicos", una alternativa a la que el PSOE no cierra las puertas. ¿Cómo valora esta alternativa?
Este recurso permitía que una ley aprobada fuera recurrida en el Constitucional antes de su entrada en vigor, algo que originó grandes problemas por el uso abusivo que hacia el PP. Hoy en día que haya un control previo no parece lo lógico en un estado democrático, lo lógico es que el control sea a posteriori. Supondría un retroceso importante.
