os lamentables episodios de violencia callejera y agresiones a la Ertzaintza que se vienen sucediendo con cierta asiduidad en las últimas semanas protagonizados por grupos de alborotadores que se niegan a cumplir las medidas adoptadas para frenar la pandemia, poniendo con ello en grave riesgo la salud pública, han generado una polvareda política alimentada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos que ha derivado en una campaña contra la Policía vasca. Resulta de todo punto inadmisible que representantes políticos que aspiran a gobernar el país centren sus esfuerzos en momentos de altísima gravedad debida a la crisis sanitaria en cuestionar y deslegitimar a la Ertzaintza y utilizarla de manera torticera para atacar al Gobierno Vasco. No es, ni mucho menos, una estrategia novedosa. La izquierda abertzale la ha utilizado desde siempre, en especial desde la lógica y necesaria implicación de la Er-tzaintza en la lucha contra ETA, y lo sigue haciendo ahora porque entiende que le proporciona rédito político y cree que desgasta al Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Una actitud mezquina pero sobre todo irresponsable y peligrosa, a la que parece haberse sumado de manera gregaria Elkarrekin Podemos. Poner en cuestión -como han hecho diversos altos representantes de EH Bildu- el carácter democrático de la Ertzaintza en estas circunstancias roza la indignidad, por mucho que las actuaciones de la Policía vasca -como las de cualquier otro cuerpo- puedan y deban ser fiscalizadas. En el caso de los últimos incidentes hay pocas dudas de que la intervención de los agentes era necesaria, por cuanto los alborotadores no se limitaban a mantener “actitudes incívicas” sino que al incumplir las normas establecidas frente al covid-19 estaban poniendo en riesgo la salud y la vida de la ciudadanía, al tiempo que hicieron caso omiso a las advertencias e incluso se enfrentaron a la Ertzain-tza de forma violenta, con lanzamiento de objetos contundentes y quema de contenedores, al más puro estilo kale borroka que se creía superado. La proporcionalidad que tanto exigen algunos grupos precisa de la debida contundencia cuando así lo requieren los hechos. Los vanos intentos de deslegitimación social e institucional de la Er-tzaintza son graves, pero lo son aún más los que suponen de facto una peligrosa legitimación de actitudes violentas, insolidarias y que atentan contra la salud de todos.