Transcurrida prácticamente una semana desde que los expertos designados por la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco depositasen en la Cámara su propuesta -o propuestas- para el nuevo estatus, han quedado meridianamente claras tres grandes posturas entre las formaciones políticas respecto a la reforma estatutaria. Por una parte, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos -que alcanzan las dos terceras partes de la representación en el Parlamento- han realizado un gran esfuerzo en favor del consenso, traducido en un texto común, muy sólido jurídicamente, viable y que podría aglutinar a una gran mayoría social, aunque con matices diferenciados en cuanto al derecho a decidir -convertido en el gran caballo de batalla- que, en principio, supone un paso muy importante en el aumento y modernización del autogobierno con un alto nivel de acuerdo de aproximadamente el 80%. Ello supone una novedad trascendental y una oportunidad histórica tanto para Euskadi como para el Estado. Por su parte, tanto EH Bildu como PP se han descolgado, una vez más, de este consenso. La izquierda abertzale plantea su propio texto articulado -desconocido aún, pese a que lo anunció hace ya siete meses- que, por las referencias que se han hecho públicas, tendría nulo recorrido jurídico y político y cuya aceptación entre la ciudadanía vasca es también cuestionable. En cuanto al PP, su actitud merece un contundente reproche social y político. Los populares han intentado boicotear, desde la misma designación del experto, Jaime Ignacio del Burgo, los trabajos de la Ponencia. Su labor ha sido meramente obstruccionista. Las declaraciones del propio Del Burgo no dejan lugar a dudas sobre su intención durante estos meses: según afirma, el trabajo de los expertos ha sido un “fracaso”, lo que supondría “un éxito del constitucionalismo”. Blanco y en botella: confunde su único afán con la realidad. Además, el anuncio del líder del PP, Pablo Casado, de que presentará un recurso previo de inconstitucionalidad contra el nuevo estatus -aún en fase de elaboración- no deja lugar a dudas de su intención de impedir cualquier mejora del autogobierno vasco, con independencia del texto concreto. Alejados del consenso político, jurídico y social, EH Bildu y PP vuelven a retroalimentarse, a buscar su propio beneficio y a hacer causa común, aunque sea en sentido opuesto, a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.
