El Partido Popular intentando tapar las grietas por donde se le escapan votantes a partidos como Vox, nos ha regalado un peculiar programa que pretende resolver todos los problemas que la extranjería provoca en el Estado español.
Entre las propuestas destacan por su singularidad dos: la exigencia de un visado por puntos como el carnet de conducir (no especifican si los puntos también se pueden perder) y una afinidad metacultural que constituye un concepto jurídico indeterminado, caracterizado por una gran subjetividad y ambigüedad (no sabemos si se vincula a la circunstancia de compartir una lengua, si se está señalando sutilmente a los latinos marginando todos los demás o nos encontramos con lo que algunos consideran los perfiles de la cultura española, los toros, la tortilla de patatas, el botijo u otros elementos de mayor entidad).
En todo caso no todos los extranjeros son iguales. El procedimiento está disponible para todo tipo de deportistas profesionales que cuenten con un contrato con una entidad reconocida en España. Sin embargo, es importante señalar que el proceso puede variar dependiendo del tipo de deporte y de si la ocupación está incluida o no en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, publicado trimestralmente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Nunca van a tener problemas los numerosos jugadores extranjeros de fútbol fichados por todos los equipos de las ligas menos el Athletic de Bilbao.
Para los artistas existen varios tipos de procedimiento posibles. Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena: Para artistas con un contrato continuado o que desarrollarán su actividad durante varios meses. Autorización de estancia por trabajo de duración determinada: Para proyectos de corta duración, como una presentación artística puntual, rodaje o evento cultural.
Para los ciudadanos de la Unión Europea y del espacio económico europeo pueden residir en España gracias a los propios tratados de la UE (las Directivas 90/364/CEE, 90/365/CEE, y 93/96/CEE).
Para los extranjeros con recursos económicos puedan residir en el Estado español si: realizan inversiones inmobiliarias de valor igual o superior a 500.000 euros; si invierten un millón de euros en activos financieros; dos millones de euros en títulos de deuda pública española y se implantan proyectos empresariales que generen empleo y tengan un impacto socioeconómico relevante en España.
Visto lo anterior, el plan del Partido Popular se refiere a los extranjeros pobres que ingresan irregularmente y que en la generalidad de los casos consiguen sus papeles a través de la asunción masiva de los trabajos más gravosos de los que los ciudadanos del Estado han abdicado hace tiempo (recogida de frutas y verduras, estructuras agrícolas intensivas, cuidado de ancianos, servicio doméstico e incluso en los puertos vascos arrantzales).
Imprescindibles para la economía El dilema consiste en que en los países europeos que envejecen irreversiblemente los inmigrantes son imprescindibles para el sostenimiento de la economía. Esta circunstancia contrasta con el hecho de que los seres humanos disponemos de mecanismos neurológicos que generan comportamientos de solidaridad con los demás miembros del grupo al que pertenecemos. Sin embargo, estos mismos mecanismos generan comportamientos de rechazo al extranjero, al diferente y en mayor medida cuanto más pobre es el otro, más riesgo atribuimos a su presencia entre nosotros.
No obstante lo anterior, la desaceleración del crecimiento ha preocupado a las grandes economías europeas en los últimos años, que han visto cómo su Producto Interior Bruto (PIB) no ha logrado alcanzar las tasas de expansión deseadas después de la pandemia. Una de las claves detrás de esta débil evolución reside en el desarrollo demográfico, marcado por un envejecimiento de los trabajadores que debilita las capacidades de países como España o Alemania. Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) ha identificado otra tendencia poblacional que ha ayudado a aliviar esta situación en los últimos cinco años: la llegada de inmigrantes al mercado laboral de la Unión Europea (UE).
Concretando, 3,1 millones de inmigrantes se han sumado a la población activa de Europa en tres años, el equivalente a un 50% de la expansión de la fuerza laboral. Los datos señalan que, entre el último cuatrimestre de 2019 y el mismo periodo de 2024, “los trabajadores nacionales han aumentado sus tasas de empleo, lo que ha compensado parcialmente los efectos de la estancada o ligeramente decreciente población en edad de trabajar”, explica el informe. Sin embargo, han sido los afiliados con origen en otros países los que han cumplido un papel clave en la expansión económica europea.
A pesar de los datos anteriores nos encontramos con planes como el del Partido Popular que subliminalmente se aproxima a la estigmatización y criminalización del fenómeno de la extranjería. Es obvio que hay extranjeros que cometen delitos, pero ya la legislación prevé las mismas condenas e incluso la deportación. La deportación se producirá cuando se participe en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, o suponga una reincidencia en la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión.
Tampoco la legalidad internacional ni la de las Instituciones de la Unión Europea racionalizan adecuadamente el fenómeno de la extranjería que se presta a una insidiosa demagogia que está haciendo crecer a la extrema derecha en Europa. El reverso del plan del PP estaría en principios tan básicos como cumplir la Convención de Ginebra en materia de asilo; en no seguir externalizando el control de migrantes fuera de las fronteras de la UE; en evitar los retornos forzosos o las devoluciones en caliente; en la evitación de los rechazos colectivos y de una santa vez esforzarse en tratar este problema en los países de origen y en la lucha contra la trata de seres humanos y menores.