El convenio y concierto vasco navarros están recibiendo constantes ataques en cuanto a su justificación política social y económica con ocasión del pacto entre PSC y ERC sobre financiación singular de Cataluña. El debate sobre si se trata o no de un concierto y las argumentaciones –interesadas y falsas– sobre las consecuencias que dicho acuerdo podría tener en la igualdad y solidaridad entre los ciudadanos se sustentan en algo que se da como probado y que consiste en que el convenio-concierto son instituciones que favorecen y privilegian a los vasco-navarros.
Quienes tenemos la convicción de que los argumentos más importantes son siempre los ideológicos no podemos ni debemos tolerar, sin protestar, semejantes falsedades e improperios. La actitud del PP y compañía, unida a la incapacidad absoluta de UPN, constituyen un riesgo más que serio para la defensa de los derechos históricos o Fueros de Navarra entre los que es emblemático el derecho fiscal, actualizado en los convenios y conciertos.
Se trata en primer lugar de un derecho originario y pre constitucional, es decir, no concedido sino simplemente respetado por la Constitución, con base a una referencia de acuerdo o pacto aunque se trate de referencias entre partes desiguales –dominante y dominada– y con recursos diferentes –parte conquistadora y conquistada–. La aspiración lógica y normal sería que el sistema fiscal vasco-navarro tuviese cabida política en el ECOFIN o institución para el equilibrio fiscal y financiero europeo. La reivindicación del ECOFIN ha sido aprobada más de una vez en el Parlamento de Navarra con votos, no solo de la izquierda abertzale, sino incluso también de UPN, pero es evidente que solo una actuación conjunta de ambas comunidades históricas podrían obtener éxito, y desgraciadamente la incompetencia e incoherencia de UPN llegan al extremo de preferir perjudicar a la CFN-NFK antes que acceder a la lógica e imprescindible unidad de acción con CAV-EAE.
En 1980 Jaime García Añoveros, ministro de Hacienda en el Gobierno de Suárez, ofreció a Ramón Trías Fargas, consejero de Hacienda del Gobierno de Pujol, un concierto económico, el cual fue rechazado por Convergencia aduciendo que “el cobrar impuestos constituía una actuación poco plausible”.
El convenio-concierto constituye un sistema en el que con la recaudación de los impuestos propios se pagan los servicios públicos fundamentales –sanidad, educación, políticas sociales, algunas infraestructuras, etcétera– y además se aporta al Estado un cupo o aportación por los servicios y gastos del Estado, no transferidos.
La verdadera vergüenza es que las transferencias pactadas en los Estatutos hace 40 años y más estén aún sin acabar de efectuarse, siendo la más importante la gestión económica de la Seguridad Social, calificada muchas veces con falsedad interesada de rotura de la caja única. Este incumplimiento legal no solo es consecuencia de la falta de voluntad política del centralismo, sino que constituye también la expresión de la falta de virtualidad política del sistema estatutario no federal.
La verdadera rotura y descosido político de la caja única es el centralismo. Decía mi maestro Sebastián que España es como una vaca que tiene el morro en Cataluña, Vasconia, etc, pero la ubre la tiene en Madrid. ¿Cuántas empresas y organismos administrativos de la periferia no tienen su sede en la capital? Los números del cupo grosso modo son que en una Navarra de 660.000 habitantes se aportan 660 millones de cupo y que los índices de presión fiscal de los y las ciudadanas de Navarra no son inferiores a las del Estado.
Por lo tanto es cuestión de números y es cuestión de claridad. Lo más oscuro es el centralismo y la artifiosidad de lo que chupa la capitalidad. Las autonomías históricas –Galiza, CAV-EAE, CFN-NFK y Catalunya– fueron las verdaderas víctimas del café para todos de la reforma. Cuando volvió Tarradellas con su famoso “Ja soc aquí” en 1977, se convirtió y fue aprovechado como un símbolo de la reforma, pero no había conseguido ningún tipo de competencia en materia fiscal, cosa que sin embargo habían tenido las Generalitats históricas. En 1979 visitó Navarra, coincidiendo con la fecha en que había sido asesinado por la Guardia civil Mikel Arregui, y con ocasión de la protesta convocada al efecto recibimos una inolvidable paliza en la plaza del Ayuntamiento.
En el debate actual se pretenden mezclar agravios y humillaciones, que si no fuesen absolutamente ridículos, darían mucho asco, pero que a la vez suponen una afrenta y unas acusaciones falsas contra los Fueros originarios de la nación conquistada que es la Vasconia histórica compuesta por la CAV-EAE y la CFN-NFK. La humillación política consiste precisamente en la criminalización de las actividades políticas. Es una humillación que políticos como Oriol Junqueras hayan estado presos por actividades políticas (igual que los kurdos) y es una humillación para el sistema judicial español que las decisiones de los magistrados Marchena, Llarena y compañía no hayan sido homologadas en ninguno de los estados progresistas de Europa. Eso es la verdadera humillación.
En el caso de la Vasconia histórica el daño que se está cometiendo al sistema del Convenio navarro y del Concierto vasco es muy profundo, porque se da por hecho –con ignorancia, falsedad y mala leche a raudales– que este sistema no tiene justificación histórica, social, política y democrática, cuando todo ello no se corresponde con la verdad.
La CAV-EAE y la CFN-NFK deberían poner sobre la mesa nuevamente la reivindicación de formar parte política –no solo de observadores técnicos dentro de la representación del Estado en el ECOFIN– como titulares que son de unos derechos políticos fiscales preconstitucionales y amparados en pactos políticos. Y ello aunque es cierto que en algunas ocasiones –no por ejemplo en tiempos de la Lehendakaritza de Ibarretxe– la CAV-EAE no ha mostrado entusiasmo alguno y UPN ha mostrado animadversión a la ventajosa actuación conjunta de ambas comunidades.
Abogado
