Democracia intervenida

Lo cierto es que en demasiadas ocasiones las decisiones de un buen número de jueces me producen vergüenza ajena, una enorme vergüenza. De modo que, cuando me preguntan si creo en la justicia española, invariablemente, mi respuesta es que no soy un iluso. Enseguida matizo y respondo que depende. Estoy pensando en la cúpula de los jueces, en los que intervienen en política y por momentos practican el gobierno de las togas. Naturalmente, de entre los 5.400 jueces y los 2.700 fiscales que existen en el estado español la inmensa mayoría hace un trabajo profesional, honesto. Pero es la minoría que prevarica, la que está llevando a la judicatura a una desafección social difícil de reparar con resoluciones y sentencias clasistas y con frecuencia ridículas por la evidencia de que sirven a intereses particulares. Lanzar un pulso al legislador para torcer su voluntad política no es buena opción.

El caso de Puigdemont es paradigmático. Le han acusado de todo, pero como los jueces europeos le han dado la razón, hay jueces españoles que, retorciendo la realidad, hasta el extremo, han aumentado el grado de las acusaciones. Lo penúltimo es que tirando del hilo de unas supuestas relaciones entre el procés secesionista y Putin, le denuncian por traición a la patria, olvidando que, entre otras cosas, la patria del president no tiene la capital en Madrid. Y lo último es negarle la amnistía argumentando que ha malversado fondos para beneficio propio, lo que me recuerda a los hermanos Marx “estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”. El mismo escándalo contempla que la orden de detención dictada por juez Pablo Llarena siga vigente. En el mismo paquete están Toni Comín, Lluis Puig, y siguen estando inhabilitados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

Pienso que la democracia tiene a su mayor enemigo adentro del régimen. La cosa es que entre las y los políticos hay mucha simulación, mucho franquismo disfrazado. Igual ocurre en el sistema judicial. Sucede que estamos pagando la factura de una transición fraudulenta en nombre de la cual nos engañaron. La calidad del debate político es casi cero y en semejante desierto el congreso y el senado se entretienen es una guerra de insultos, en una competición de ocurrencias. Ni la oratoria es la cualidad de la mayoría de diputados y diputadas, ni el uso de la razón su mejor herramienta. Por su parte, el Senado duerme una siesta eterna.

Recientemente, el sindicato de ultraderecha Manos Limpias ha presentado una querella basada en titulares de periódico. Lo más asombroso es que el magistrado Juan Carlos Peinado la ha admitido a trámite sin despeinarse. Soy de los que piensan que hay jueces y juezas que al aceptar denuncias y/o querellas basadas en titulares de periódicos, sin otros indicios, colocan a la justicia en un punto en el que debiera de ser reprendida socialmente. ¿Cómo es posible que Manos Limpias haya presentado decenas de denuncias en los últimos diez o más años, con base en los rumores, en titulares sensacionalistas y guiándose por el deseo de ajustar cuentas? ¿Lo peor de todo? Que haya jueces que las han admitido a trámite, algo sorprendente.

Lo cierto es que, en el debate sobre la salud o mala salud de la democracia a la española, la justicia está bajo sospecha. Según las encuestas el 60% de la ciudadanía no cree en la neutralidad de la justicia. La fortaleza o debilidad de la democracia española tiene muchas aristas y permite la toma de posiciones más o menos polarizadas acerca de su mala o buena salud. Pero lo que creo que es poco refutable es que la democracia española esta intervenida por poderes fácticos que cuestionan de hecho la soberanía popular. En rápido resumen, la democracia, a nivel global y también de cada país está excesivamente influida por poderes no elegidos por la gente. Las y los jueces, y medios de comunicación, muestran una vocación por extender su poder. Añádase la aspiración de las asociaciones de empresarios que pretenden tutelar al gobierno.

Poderes externos como los que manejan la economía se imponen a las agendas políticas y marcan el devenir de las sociedades. También medios de comunicación poderosos se erigen en candidatos a sustituir a gobiernos. Hay medios que actúan como partidos políticos, como legisladores y jueces, y en algunos casos jalean a diario a fuerzas claramente antidemocráticas. Pero hay asimismo poderes internos que, siendo parte de la democracia y el equilibrio de poderes, actúan abusivamente. Me estoy refiriendo, una vez más, al poder judicial y al gobierno de los jueces,

Digo que hay jueces que abusan de su poder, intentan una supremacía sobre el parlamento e intervienen en áreas para las que no están preparados y adoptan posiciones y resoluciones con pulsiones ideológicas. Lejos de asumir los límites de sus conocimientos en la materia que juzgan se atreven a desautorizar decisiones de poderes elegidos en las urnas. Pasó repetidas veces durante la pandemia.

Ya sea como judicialización de la política o como instrumentalización de la justicia la división de poderes está contaminada. Partidos y organizaciones han encontrado en los tribunales nuevas vías para hacer oposición. Han inundado con denuncias a sus adversarios políticos para generar el ruido suficiente como para que las sospechas difundidas tengan más eco que el archivo de esas mismas causas. En algunas ocasiones, los propios jueces han colaborado en esa estrategia. El gran debate ahora es ¿cómo debe ser la elección de los jueces?

No debería dejarse en manos exclusivas de los políticos ni debería adoptarse la fórmula de jueces eligen a jueces. Hay que evitar un poder endogámico, una isla intocable de poder omnímodo, y también un sistema judicial controlado por partidos políticos. Creo que hay muchas fórmulas mixtas de elección del gobierno de los jueces, en Europa sin ir más lejos.

Precisamente, en lugar de abrir otro campo de batalla, los políticos del estado español deberían estudiar soluciones fijando su atención en modelos europeos. Actualmente, según encuestas europeas, a la pregunta sobre la credibilidad de la ciudadanía en la justicia tan sólo estamos por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y Croacia, y, cómo no, de Italia.

No es baladí hacerse la pregunta ¿cuál es el techo de la extrema derecha? ¿está en peligro el sistema de división de poderes?

Fue en América Latina donde se acuñó el término lawfare, entendido como “golpe blando” contra gobiernos progresistas por parte de sus opositores. La diferencia del golpe de Estado tradicional es que este último persigue “tomar el poder de forma ilegal y armada, mientras que en una guerra jurídica se pretende deponer a los cargos elegidos en las urnas con procesos legales”. Como decía José Saramago no estamos ante la amenaza de un fascismo uniformado desfilando por la Gran Vía Madrid. Abrazando el extremismo de derechas como nunca, el fascismo de hoy se adapta a una nueva realidad social y política. Habla de libertad y de pueblo. De urnas y de legalidad. Su discurso se acerca a la gente con sus malestares y no le resulta muy difícil ganar corazones. Nos roba lenguaje y palabras cargadas de contenido. Eso sí, cuando habla de migración se quita el disfraz y sale a flote su islamofobia y su racismo.

Creo que es importante detectar de dónde nos vienen las amenazas y dar la batalla de las ideas y de las emociones. La confrontación entre el poder judicial y el legislativo, su desenlace, dejará profunda huella en el sistema político.

En la práctica, el PP y el PSOE, tradicionalmente, han llegado a un pacto de cuotas para repartirse los vocales. Entre los expertos, “excepción” y “anomalía” son las palabras que más se repiten, dando a entender que ha llegado la hora de corregir semejante fórmula muy contestada.

De entre las anomalías el mensaje político que ha dejado un juez en ejercicio, al afirmar que gracias a él la amnistía puede caer, al igual que el Gobierno. Este va de justiciero. Otro juez, esta vez emérito, ha respondido con una reflexión muy significativa y atrevida: “Los jueces deberían someterse a revisiones psicológicas y hasta siquiátricas, su responsabilidad es enorme y debería cuidarse su salud mental”. Ya es viral.

Para mí, ni amnistía ni gaitas, lo que busca la derecha es cargarse al Gobierno.

Politólogo especialista en Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo