Una memoria incompleta

En este marco de búsqueda de la verdad es donde la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación ha situado el recientemente publicado Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA (1960-2011).

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han sido uno de los colectivos más afectados por la violencia de ETA con los graves e infinitos sufrimientos y dolorosas implicaciones que han supuesto para sus víctimas directas y familiares. Todo ello ha sido desgranado en el Informe, a través de los datos cuantitativos y cualitativos que se aportan en el mismo.

Sin embargo, esta no es toda la verdad si, tal y como reza ese estudio, se pretende “conocer dicha realidad y que la sociedad vasca tenga elementos para una reflexión en clave de memoria colectiva”.

Tras su lectura, el estudio te conduce hacia la idea de que la Guardia Civil y la Policía Nacional han actuado en todo momento con una diligencia y desempeño ejemplares; dice textualmente, que “las fuerzas de seguridad han sido la punta de lanza de la lucha por preservar el régimen de derechos fundamentales, así como las instituciones que nos representan”.

Dado que el informe comienza en 1960, ¿cómo casa esta reflexión con el proceder de las Fuerzas de Seguridad del régimen franquista?

Como sabemos, la Policía franquista estuvo al servicio del régimen y actuó de forma impune a la hora de defender la dictadura, siendo responsable de graves crímenes y conculcaciones de derechos humanos. En otras palabras, fue el brazo ejecutor de la represión franquista.

Las evidencias de organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa (CPT), así como de asociaciones como Amnistía Internacional sobre la persistencia de las violaciones de derechos humanos en el contexto de la legislación antiterrorista son múltiples y coincidentes con el informe del Gobierno vasco encargado al IVAC-KREI (2017) que registró más de 4.000 casos de tortura entre 1960 y 2014.

No obstante, el informe no hace distinción alguna entre los periodos históricos por los que atraviesa ni contextualiza sus contenidos. Esto desnuda la verdad, la torna incompleta e incomprensible.

Johan Galtung, experto en la resolución de conflictos, afirma que la violencia no puede separarse de su contexto espacio-tiempo y hace énfasis en la necesidad de un profundo análisis del conflicto con el fin de entender su multidimensionalidad para evitar posibles diagnósticos erróneos.

También desde Argituz hemos venido documentando las vulneraciones del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de quienes integran las fuerzas de seguridad, en los distintos Informes de trabajos locales, Hacia una Memoria compartida.

No hay duda de que muchísimos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la dictadura, transición y de la etapa democrática han sido y son víctimas de la violencia de ETA (357 víctimas mortales y 711 heridas, recoge este estudio entre 1960 y 2011).

Sin embargo, tampoco hay duda de que muchos de esos agentes son o han sido victimarios, y así ha quedado demostrado desde el momento en que se vio la necesidad de elaborar una ley al respecto, que culminó con la aprobación en el Parlamento Vasco, en 2016, de la Ley 12/2016, de 28 de julio, más comúnmente conocida como la ley de abusos policiales 1978-1999, hacia unas víctimas que también han sido olvidadas y marginadas y, con las que aún, las instituciones están en deuda.

Al amparo de esa Ley, hoy por hoy está en marcha una Comisión de Valoración impulsada por la Viceconsejería, siguiendo el mandato del Parlamento Vasco, que analiza y, en su caso, reconoce los casos objeto de esa norma.

Ese es el fin de esa comisión, estudiar las solicitudes de reconocimiento de quienes fueron víctimas de actuaciones policiales ilegítimas, con la intención de resarcir oficialmente el daño causado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ambas iniciativas, el Informe y la Comisión, abordan una misma materia desde distintas perspectivas, pero con la diferencia de que en el primer caso ya se ha llegado a la conclusión final: la Guardia Civil y la Policía Nacional sufrieron de manera destacada la violencia de ETA y el aislamiento social. Efectivamente eso es así, pero ¿dónde queda todo lo demás que también ocurrió y que implica a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado?

No hay matices, no hay contexto, todo lo demás no está. Se utiliza una única mirada que avanza directa sin detenerse en los nudos, en las contradicciones con las que toda realidad está construida, para llegar a dar una versión simplificada del pasado de violencia, en la medida que no incluye ni explica todo lo acontecido.

Así es cómo ese estrecho angular se inmiscuye en la órbita de la Comisión, porque de alguna manera, en ese nexo temático entre el Informe y la Comisión se desliza un “veredicto general” que apunta a la inocencia de los cuerpos policiales. Entonces, a la luz de este informe que no cuestiona en ningún momento la actuación policial, ¿dónde queda la mirada pro víctima? Como dirían los ingleses, esto no es un fairplay.

Para terminar, volviendo a la “memoria colectiva” a la que nos hemos referido al principio de este artículo, apuntar que en Argituz entendemos que para alcanzar una reflexión o un relato colectivo es necesario edificar antes una memoria compartida, incluyente e integradora.

Cierto es que la memoria colectiva es un trabajo delicado, porque negociar como sociedad una memoria inclusiva y compartida nos lleva a una comparación casi inevitable entre lo propio y lo ajeno.

Por este motivo es importante analizar el sufrimiento padecido por toda la sociedad en su conjunto y por las víctimas en especial, sin excluir nada ni a nadie.

Esto supone abrir el foco más allá de los sufrimientos vividos como propios y acercarse a aquellos que pueden sentirse más lejanos; y eso nos cuesta. * Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz. Firma en representación de las personas que pertenecen a la misma