a pandemia del coronavirus y la aprobación de planes de reconstrucción, tanto a nivel autonómico, estatal como europeo, han puesto de manifiesto la necesidad de gozar de un proyecto de territorio que intente, más allá de las medidas a corto plazo que aspiran a favorecer la recuperación económica, la creación de empleo y el fortalecimiento del sistema sanitario, reconstruir un nuevo modelo socioeconómico que sea sostenible en el tiempo y resiliente ante futuras crisis. El virus del covid-19 ha puesto de relieve no solamente las carencias del sistema actual sino también la ausencia de una visión global y compartida del territorio que preceda, de manera conjunta, a un diagnóstico pormenorizado de la situación, a la fijación de objetivos a medio y largo plazo, y al diseño de medidas concretas que permitan alcanzar semejantes fines.
De hecho, la pandemia ha mostrado el cortoplacismo y la ausencia de visión estratégica de los gobiernos. Inmersos en la gestión diaria, en función de la evolución de la pandemia y de los datos macroeconómicos, en un contexto marcado por la incertidumbre y la escasa visibilidad, las administraciones públicas tienen dificultades para fijar prioridades e implementar medidas estructurales que permitan alcanzarlas, más allá de los acontecimientos imprevistos. Como consecuencia de ello, tienen serios problemas para determinar los sectores y los proyectos en los que es preciso invertir para preparar el futuro; más aún sabiendo que los frutos son difícilmente perceptibles a corto plazo. No se trata de volver a un pasado idealizado en el cual unos expertos, pertenecientes a las élites científicas y administrativas, dirigían la modernización de los países sin conexión alguna con el resto de la sociedad, sino de dotarse de una prospectiva estratégica de la acción pública.
Esta constatación es común a la mayoría de los gobiernos en Europa. Así, tras su desaparición en 2006, Francia ha decidido recrear la figura del Alto Comisionado al Plan, nombrando a su cabeza a una personalidad relevante de la clase política gala, François Bayrou, alcalde de Pau, varias veces ministro y presidente del partido Modem. Dependiendo directamente del Presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, y apoyándose en la institución France Stratégie y sus 200 colaboradores, dicho Alto Comisionado tiene como misión reflexionar sobre la Francia del futuro. En lugar de gestionar la crisis a corto plazo, tiene una función de reflexión y de asesoramiento para “aclarar los poderes públicos sobre los futuros retos a los que Francia se enfrentará a medio y largo plazo”. Estos retos serán, sobre todo, “demográficos, económicos, sociales, medioambientales, sanitarios, tecnológicos y culturales”.
En una óptica menos tecnocrática, el País Vasco norte ha sido pionero en la elaboración, contractualización y posterior implementación de un proyecto de territorio. En efecto, entre 1992 y 1993, elaboró la Prospectiva País Vasco 2010 que hacia un diagnóstico preciso de la situación del territorio en todos los ámbitos y diseñaba seis escenarios prospectivos en función de las decisiones tomadas por las autoridades al horizonte 2010. En 1997, tras un amplio trabajo colaborativo, en el que se involucraron las instituciones y los representantes de la sociedad civil organizada, se completó el Esquema de Ordenación y Desarrollo del País Vasco que precisaba las acciones concretas que convenía poner en marcha para alcanzar las finalidades fijadas de un común acuerdo. Y, después de tres años de negociación entre los actores del territorio y las distintas administraciones públicas, numerosas acciones fueron contractualizadas en el marco del Convenio Específico País Vasco 2001-2006 con una inversión total de 400 millones de euros.
Anticipando el término de este Convenio Específico, y posteriormente a una evaluación realizada a mitad de camino, en 2005, los actores institucionales y sociales lanzaron la elaboración de un nuevo proyecto de territorio denominado País Vasco 2020. Finalizado en 2007, constaba de tres prioridades: promover un desarrollo sostenible del País Vasco norte, concretar la reciprocidad territorial entre el litoral y el interior, y desarrollar una cooperación transfronteriza ambiciosa. Esta reflexión, llevada a cabo de manera participativa, aspiraba a responder a cuatro retos esenciales: “El desarrollo de la economía y de las competencias, el reforzamiento del potencial de enseñanza superior y de investigación, el porvenir de las infraestructuras de transporte y la gestión de la movilidad, la coherencia de las políticas sanitarias y sociales”.
Una vez finalizado, el proyecto de territorio fue objeto de sendas negociaciones. La primera desembocó en el Contrato Territorial País Vasco 2007-2013 de un importe total de 340 millones de euros. Firmado el 8 de septiembre de 2008, retomó las tres prioridades fijadas por País Vasco 2020. Actualizado en 2011, constaba de 71 operaciones concebidas a partir de los 34 programas diseñados en el proyecto de territorio. La segunda, más larga que la precedente, dio lugar al Contrato Territorial País Vasco 2015-2020 de un valor de 300 millones de euros. Ratificado el 7 de noviembre de 2015 por las diferentes instituciones implicadas (Estado, Región, Departamento, Mancomunidades, Consejo de Electos y Consejo de Desarrollo del País Vasco), se inscribió en la continuidad de los dos Contratos Territoriales anteriores.
Estos Contratos Territoriales específicos al País Vasco norte únicamente fueron posibles en la medida en que el País Vasco norte fue reconocido como país, en virtud de la Ley para la ordenación y el desarrollo sostenible del territorio de 1999, conocida como Ley Voynet. Si el país se definía como “un territorio que corresponde al espacio de vida de sus habitantes para su residencia, su trabajo, el acceso a los servicios y sus prácticas de ocio, el país extrae su legitimidad del proyecto de desarrollo sostenible, elaborado de manera colectiva por sus cargos electos, en asociación con la sociedad civil, y formalizado en una Carta de país”. En otras palabras, el país se define como un territorio que, ciertamente, dispone de una historia, una geografía y una cultura propias, pero, también y sobre todo, por su carácter de territorio de proyecto dotado de un proyecto territorial.
La experiencia acumulada por el País Vasco norte a lo largo de las últimas tres décadas puede resultar útil para, de manera concertada y según una metodología precisa, poner en marcha un dispositivo de animación territorial que permita, asociando las instituciones y los representantes de la sociedad civil organizada, modificar la manera de elaborar, implementar y evaluar las políticas públicas, y, conjuntamente, concebir un proyecto de territorio que sea susceptible de desembocar en una contractualización tras un periodo de negociación. Este ejercicio de inteligencia colectiva, sinónimo de diálogo, negociación y acuerdo, puede dar lugar a una modificación paulatina de la cultura sociopolítica del territorio.
El autor es profesor de Sociología. UPV/EHU
