A omertá es el código de honor de la mafia siciliana, su ley de leyes, la ley del silencio. Según ella, está totalmente prohibido colaborar y dar información alguna a cualquier tipo de autoridad, sea ésta civil, policial o judicial. En otras mafias similares a la siciliana repartidas por Italia (calabresa, napolitana...), Francia (marsellesa) y EEUU, la omertá es también el cimiento que aglutina a sus familias. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, la palabra omertá, reconocida universalmente, no existe. Es para despistar.
Hace tan solo unos días Martín Villa ha comparecido ante la jueza argentina Servini. Estaba imputado en el marco de los crímenes de lesa humanidad del franquismo y su lista de cargos ponía los pelos de punta: matanza del 3 de marzo, en Gasteiz; asesinatos durante la II Semana proamnistía en el País Vasco; barbarie policial en los Sanfermines de 1978; semana negra madrileña… Tan solo dos días antes de la comparecencia, se hizo público el apoyo al exministro de distintas personalidades, encabezadas por cuatro expresidentes del gobierno (González, Aznar, Zapatero y Rajoy), quienes han afirmado las virtudes democráticas de Martín Villa, ese que aún comparte con Hitler, Himmler, Mussolini, Mohamed V, Saud de Arabia…, la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas instituida por Franco.
Los cuatro expresidentes impulsaron durante sus mandatos la política de silencio, olvido e impunidad inaugurada con la Ley de Amnistía de 1977. Ellos fueron los que, por pasiva y por activa, se revolvieron en contra y zancadillearon todas las iniciativas en exigencia de verdad, justicia y reparación para con los crímenes franquistas, así como a la propia tramitación de la querella argentina y otras interpuestas ante los juzgados españoles. Por eso, juzgar a Martín Villa, el más alto jerarca franquista hoy vivo, no es solo juzgar al franquismo, sino también en gran medida juzgarles a ellos. Y por eso salen en su defensa.
Su escrito, por otro lado, está también dirigido al gobierno de Pedro Sánchez, quien ha anunciado su intención de presentar este otoño un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica. Los expresidentes, Zapatero incluido, señalan así a Sánchez cuáles son los límites que nunca deberá traspasar su nueva ley. ¡Aviso a navegantes!
La Ley de Amnistía fue uno de los pilares sobre los que se asentó el nuevo régimen. Los poderes fácticos franquistas (militares, policiales, políticos) la impusieron como condición a la reforma política entonces impulsada. La amnistía afectó así no solo a quienes lucharon contra la dictadura y fueron condenados por ello sino, sobre todo, a los “delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación de los actos (de naturaliza política) incluidos en esta Ley”. Ley de punto final, la llamaron.
Los partidos que la defendieron (UCD, PSOE, PSP, PSC, PCE y Minoría Vasco-Catalana) incidieron, con mayor o menor intensidad (Diario de Sesiones nº 24, de 14 de octubre de 1977), en la necesidad de olvidar y pasar página, de mejor no meneallo. El PCE (Marcelino Camacho) y el PNV (Xabier Arzalluz) fueron especialmente explícitos en este sentido. El primero afirmó: “¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez por todas?”. El segundo habló en términos similares, reclamando que “no vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes. Olvidemos pues, todo”. Es decir, se asimilaban así los golpistas fascio-militares del 18 de julio con los que defendieron la legalidad republicana violada; a quienes mantuvieron una dictadura criminal durante décadas y a los que lucharon contra ella.
El manto de olvido y silencio impuesto por la Ley de Amnistía cumplió su papel. Y lo hizo, sobre todo, en aquellos primeros años (gobiernos de Suárez y, sobre todo, Felipe González), en que existían las mejores condiciones para sacudir a fondo las alfombras policiales, militares, judiciales, eclesiales y financieras. Sin embargo, nada de ello se hizo, y una generación entera, víctima del genocidio franquista, se fue sin atisbar el más mínimo reconocimiento de verdad, justicia y reparación.
Pero la lucha tenaz e intransigente de sus familiares, unida a la de los que padecieron la represión en los últimos años de la dictadura, hizo saltar los cerrojos del olvido impuesto para las personas asesinadas, desaparecidas, torturadas y encarceladas, los bebés robados, el trabajo esclavo, la opresión y represión misógina… Frente a ello, los distintos clanes mafiosos cerraron filas: todo menos abrir la caja de Pandora cerrada durante la Transición.
El pasado agosto, tras su vergonzosa huida en busca del cobijo de las satrapías del Golfo, más de 70 exministros y altos cargos del PP y PSOE suscribieron un manifiesto de apoyo a Juan Carlos I, el sucesor de Franco. Su gran mayoría pertenecía a la cuadrilla de la Transición, aquella que dio al rey impunidad constitucional para delinquir civil, penal y fiscalmente a voluntad y ahora reclaman para él la presunción de inocencia. Tras ellos han asomado ahora los cuatro expresidentes y sus adláteres, ensalzando a Martín Villa.
La Cofradía mafiosa del Santo Olvido está nerviosa. Quizás por eso haya sido tan zafia su última maniobra de apoyo a Martín Villa. Su omertá no les está sirviendo para taponar las vías de agua abiertas. Todo son rotos y descosidos. Los desmarques de las direcciones de UGT y CCOO en relación con la firma de sus exsecretarios generales y los de la Comisión Europea respecto de la de Josep Borrell han sido todo un torpedo en la línea de flotación del documento. Por otro lado, su intención de influir en la decisión de la jueza ha sido muy burda y puede volverse, como un boomerang, en su contra. Eso esperamos.* Exdiputado de Amaiur
