El pasado domingo, convocados por el Consell per la República, decenas de miles de catalanes se desplazaron a Perpinyà, en la Catalunya Nord francesa, y llenaron el Parque de las Exposiciones de la ciudad para recibir, oír y aclamar al president de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont y a los también eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí. Todo un simbolismo político-sentimental (y una indudable por el momento victoria judicial con sabor europeo) este pisar “tierra catalana” de quienes llevan en el exilio desde finales de octubre de 2017. Más allá del inevitable baile de cifras (cien, ciento cincuenta mil, dos cientos mil asistentes, según unas u otras fuentes), de las palabras del exprimer ministro francés y hoy concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, que calificó el acto de “provocación” a España y “atentado contra los valores de la Unión Europea” -a lo que Annabelle Brunet, teniente de alcalde de Perpinyà y persona clave en la organización del acto del domingo, anteriormente de Unión de Demócratas e Independientes (UDI) y actualmente de Oui au Pays Catalan (Sí al País Catalán), respondiò que le importaba un bledo la opinión de Valls-, y de las distintas reacciones que la multitudinaria concentración han desatado entre los partidos y los medios de comunicación españoles, hay que destacar y entender algunas claves.

En primer lugar, el acto de Perpinyà, al que asistieron también los presidentes Quim Torra y Artur Mas y los consellers y diputados de Junts per Catalunya (JxCat) -mientras ERC asistía con una representación de perfil bajo-, supuso el pistoletazo de salida de la precampaña de las elecciones catalanas y una especie de auto de fe en la reafirmación del espacio de la ex-Convergència Democràtica de Catalunya (el partido de Jordi Pujol, de Mas y de Puigdemont) reconvertida en JxCat pero con algunas lagunas por resolver.

Ahí está la renuncia al acta de senadora por designación autonómica de Marta Pascal -nada menos que ex coordinadora general entre 2016 y 2018 del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), el partido surgido de la disolución de CDC-, que ya se había apartado antes de las responsabilidades de dirección afirmando que no se podía discrepar de Puigdemont y que ahora, según parece, va por libre, como también van por libre -o mejor sería decir que no comparten la actual estrategia del president- exdiputados de CDC en el Congreso. O cómo situar en este proceso de refundación en clave republicana del antiguo espacio convergente a la Crida Nacional per la Republica, movimiento surgido de JxCat, fundado también por Puigdemont, y cuyo presidente, Jordi Sánchez, es actualmente un preso político que cumple injustamente nueve años de condena por sedición y que aprovechó el primer permiso penitenciario para conceder una entrevista en la Televisió de Catalunya en la que responsabilizó a ERC de las consecuencias de los hechos de octubre de 2017. O cómo se sitúa Mas -y el PDeCAT- en este nuevo escenario teniendo en cuenta que el expresident, cuya inhabilitación acabó el pasado domingo, defiende como Pascal que hay que gobernar y desligar el Govern de la Generalitat del proceso independentista, que debería recaer exclusivamente en el Consell per la República creado por Puigdemont en Waterloo. Y, por último, qué papel futuro reserva Puigdemont al president Torra.

En segundo lugar, Perpinyà visualiza la distancia que separa hoy la estrategia de ERC, a la que todas las encuestas dan como ganadora en unas futuras elecciones catalanas aunque no se haya jugado todavía la última mano de la partida, de la de Puigdemont. Mientras los republicanos han optado decididamente por impulsar la mesa de negociación que lleva una década reclamando el independentismo catalán, aún a sabiendas de que el PSOE probablemente se ha sentado a la misma más por necesidad que por convicción y de ahí las contrapartidas reclamadas por los negociadores de ERC (amnistía, negociación, acuerdo y referéndum), Puigdemont manifestaba el domingo su escepticismo (en eso coincide con una encuesta reciente de La Vanguardia) sobre los posibles resultados de la mesa de negociación -Ponsatí la calificó de engañifa- e hizo una llamada a “prepararse” para la”batalla definitiva” y mantener una “movilización permanente” sin descartar volver a recurrir como plan B a la “vía unilateral”. Cuestión no menor es con qué fuerzas se contaría para imponer en un futuro próximo una decisión unilateral vistas las consecuencias de lo que sucedió en octubre de 2017. En definitiva, dos hojas de ruta que, hoy por hoy, no parecen tener punto de encuentro: una pragmática: Una, la de ERC, que apuesta por la negociación y por gobernar la Generalitat con sensibilidad republicana y social pero sin excluir la movilización ni renunciar al objetivo final, la independencia, como mecanismo para ampliar la mayoría social -y no solo parlamentaria- necesaria para conseguir dicho objetivo. Otra, de confrontación, la de Puigdemont y los diversos espacios circundantes -incluida la Assemblea Nacional Catalana (ANC), pero no Òmnium Cultural, más cercana a los postulados de ERC- que desconfían de que la mesa de negociación dé frutos, consideran que el gobierno de la Generalitat no es una prioridad y apuestan por mantener unos niveles de desobediencia pautada y por elevar progresivamente los niveles de confrontación con el Estado. Y, claro está, los grandes ausentes de Perpinyà, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) -excepto Poble Lliure que sí estuvo presente a pesar de formar parte de la candidatura-, que solo admite como forma de llegar a la independencia la movilización, la desobediencia civil y el enfrentamiento con el Estado.

Por último, la reacción de los partidos españoles. El PP sigue sin entender nada de lo que está sucediendo (para muestra, las siempre insuperables declaraciones de Teodoro García Egea y de Cayetana Álvarez de Toledo) e insiste en las únicas vías que conoce: la represión y la negación del diálogo, que son las que han conducido a la situación actual. Ciudadanos, agotado el discurso del anticatalanismo étnico, se encierra en una paranoia autodestructiva cada vez más patética. Y Vox sí parece haberlo entendido, de ahí las declaraciones de Santiago Abascal en referencia al multitudinario recibimiento de Puigdemont en Perpinyà. “Seamos realistas, están ganando”, pero con una propuesta de solución terrorífica. El PSOE, con la inestimable ayuda de UP y necesitado de aprobar los presupuestos para dotar de recorrido a la legislatura, hace de la necesidad virtud y acepta las condiciones de ERC: reconocimiento de la existencia de un conflicto político que debe resolverse políticamente y no mediante la judicialización y la represión, aceptación de la mesa de negociación y de la bilateralidad, pautas y calendario para llevar a cabo un diálogo con vocación de resolver el conflicto a pesar de las líneas rojas de cada una de las partes.

Si los socialistas se convencen de una vez por todas de que en el Estado español no hay más cera que la que arde, que no es otra que la de la plurinacionalidad del Estado y que, en consecuencia, las únicas alianzas posibles son las de las izquierdas con los mal llamados “nacionalismos periféricos” -hoy, en Catalunya, la izquierda independentista-, no es un mal comienzo. Solo hay que esperar que tenga continuidad y confiar en que todos pondrán lo mejor de su parte.

El autor es catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona