La detención en Lampedusa de Carola Rackete, la joven capitana del barco humanitario Sea Watch, bajo la acusación de resistencia o violencia contra un buque de guerra tras haber desobedecido las órdenes expresas que prohibían el atraque de su embarcación con 40 inmigrantes a bordo, vuelve a poner el foco en la complicada y resbaladiza labor de rescate humanitario por parte de organizaciones internacionales, en contraste con las exasperantes e inexplicables trabas burocráticas y políticas de los gobiernos europeos. La propia Rackete ya había sido imputada por la Fiscalía italiana el pasado viernes acusada de un delito de favorecimiento del tráfico ilegal de personas y, tras su arresto de ayer después de haber incluso abordado a dos lanchas de la policía italiana, se enfrenta a graves incriminaciones que pueden suponer varios años de cárcel. Este tipo de acusaciones y detenciones contra personas que trabajan en el ámbito humanitario no son un fenómeno nuevo, como tampoco lo son los obstáculos que sufren las ONG para realizar su labor. Baste recordar el arresto en diciembre de 2016 en Grecia de los activistas vascos Mikel Zuloaga y Begoña Huarte, que fueron acusados de un delito idéntico al de la capitana alemana: favorecimiento de la inmigración ilegal e imprudencia grave para la integridad de los refugiados, cuando trataban de sacar del país a ocho solicitantes de asilo. De igual modo, los buques Open Arms y el vasco Aita Mari han visto denegados durante largo tiempo los permisos para zarpar hacia el Mediterráneo, impidiendo así su labor de rescate. En el caso del Sea Watch, el desenlace ha sido un cúmulo de decisiones cuestionables, en primer lugar la del Gobierno italiano, con su inefable ministro del Interior, Matteo Salvini, al frente, de impedir su entrada al puerto pese a la grave situación de los migrantes a bordo. Además, la lentitud, falta de coordinación, de compromiso humanitario y de cumplimiento del deber de socorro y de respeto a los derechos humanos por parte de los países de la Unión Europea llevó a la capitana a invocar el “estado de necesidad” y a tomar una “elección desesperada”. Este incidente vuelve a poner encima de la mesa, prácticamente un año después de la crisis del Aquarius, la inexistencia de una verdadera política migratoria en la UE y su ausencia de responsabilidad y compromiso real con los derechos humanos.
