La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que, con el voto particular contrario de dos de los siete magistrados, anula varias de las disposiciones de la orden del Gobierno Vasco que regula el sistema de becas para estudiantes no universitarios es la última consecuencia del impulso recentralizador que los gobiernos del PP y con el Poder Judicial como herramienta habían venido desarrollando en el Estado español. La sentencia es consecuencia de un recurso del PP contra el sistema vasco de becas a consecuencia de la aprobación del decreto de ayudas que acompañó en 2013 a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), o ley Wert, por la mayoría absoluta que respaldaba entonces al gobierno de Rajoy a pesar de que el sistema vasco de becas, a cargo de los presupuestos vascos, estaba vigente desde 1980, meses después de que se aprobara el Estatuto de Gernika y en virtud del art. 16 del mismo que otorga a Euskadi la competencia en enseñanza “en toda su extensión”. Que ahora la argumentación del TS en su sentencia sea la consideración de dicho sistema como “paralelo al del Estado” supone un cuestionamiento tan injustificado como radical de las capacidades que otorga la asunción plena de las competencias de educación. Y el razonamiento de que “genera importantes desigualdades” no es sino una tan pretendida como falsa excusa para la homogeneización por cuanto dichas desigualdades no las produce el sistema de becas -el gasto medio por alumno en la CAV (368 euros en 2016/2017) es sensiblemente inferior al del Estado (1.286)- sino la diferencia de renta media entre comunidades. Además, lejos de responder a la pretensión de favorecer a los estudiantes del resto del Estado lo que hace es igualar a la baja condiciones y umbrales de las becas (familias numerosas o monoparentales que no aparecen en el decreto estatal) a que tienen derecho los estudiantes vascos. Por último, la sentencia da para otra reflexión. En primer lugar, sobre el alcance de la reconsideración de la Lomce que planteó Méndez de Vigo, sustituto de Wert, cuando el PP perdió su mayoría absoluta. En segundo lugar, respecto al ejercicio de gobierno de Sánchez, cuyo Ministerio de Educación, planteó ya en noviembre de 2018, en cumplimiento de sus compromisos, una reforma de la Lomce todavía pendiente mientras el ejecutivo sigue en funciones.
