La resaca de la proclamación de alcaldes ha dejado algunas heridas abiertas entre los partidos vascos que tendrán que afrontarse en el futuro más inmediato con la madurez propia de la responsabilidad política. Aunque las próximas semanas seguirán estando marcadas por tiranteces y no se puede despreciar el margen de desconfianza que la resolución de la estructura institucional de Nafarroa pueda dejar, lo cierto es que, desde una perspectivida estrictamente orientada a la Comunidad Autónoma Vasca, la proximidad del verano no impide que empiecen a sentarse la bases de lo que debe ser la negociación de unos Presupuestos para 2020 necesarios por encima de circunstancias partidistas. El ejercicio vigente ha sido afrontado con los Presupuestos prorrogados y una actualización costosa y dilatada de los mismos en aspectos que requerían de la responsabilidad compartida de los partidos. Ese mismo ejercicio debería sentar las bases de un espacio de encuentro que permita concluir la legislatura sin sobresaltos. El próximo año hay cambio de legislatura y la estabilidad económica del Gobierno Vasco permitiría afrontar el proceso con mayor fiabilidad. Tampoco cabe obviar que precisamente la perspectiva de unas elecciones a lo largo del próximo ejercicio es un riesgo que puede inducir a sustituir por un pulso los escenarios de acuerdo presupuestario. Con la natural lógica de la discrepancia que permite la coexistencia de un abanico amplio de opciones políticas asentadas en la sociedad vasca, como acaban de acreditar las urnas, esa diversidad no debería dar lugar al encastillamiento en los roles de oposición e iniciativa de gobierno. Este ha salido reforzado de la experiencia electoral reciente y ratificado en la legitimidad del liderazgo social que ostenta, pero aquella también puede jugar su papel participando en la elaboración de los presupuestos con aportaciones asumibles, alejadas de la retórica o de la negación. El inminente diálogo del Gobierno con EH Bildu y Elkarrekin Podemos debería discurrir a partir de esos principios. No solo sería conveniente para todos los partidos ofrecer al electorado su capacidad de llegar a consensos, sino que la propia sociedad, que ya ha medido y votado la pluralidad de sus proyectos, está demandando que su bienestar se vea asegurado y estabilizado.
