amnistía Internacional considera más cercano el proceso definitivo hacia el fin de la pena de muerte después de que en su informe sobre 2018 haya constatado que el número de personas ejecutadas en todo el mundo se redujo en casi un tercio en 2018, cayendo a su nivel más bajo en 10 años. Sin contar con China, que no da datos oficiales y sigue considerando este asunto como un secreto de Estado -se asume en miles las personas asesinadas allí por este método-, hubo al menos 690 ejecuciones y aún hay 19.000 personas en el corredor de la muerte. Tampoco se cuentan las ejecuciones judiciales en Siria y Egipto ni las de Corea del Norte, cuyas cifras también se desconocen. Cifras alejadas del año 2015, en el que la pena de muerte legal aumentó de forma alarmante hasta las 1.634 personas, lo que supuso la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1989. Aún así, Amnistía Internacional considera que el avance hacia el fin de la pena de muerte es imparable y afirma que la pena de muerte pronto quedará relegada “al rincón de la historia”. No obstante, el mismo informe de 2018 advierte que ha habido algunos países que han vuelto a aplicar la pena capital tras años de moratoria. Han sido países como Arabia Saudí, Irán, Vietnam y Pakistán los responsables de la mayoría de las ejecuciones registradas, mientras que han aumentado en Bielorrusia, EEUU y Japón. Desde que en 2007 la Asamblea General de la ONU adoptase una resolución impulsada por la UE en la que se instaba a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte, AI -que lleva más de 40 años haciendo campaña por el fin de las ejecuciones en todos los países-, afirma que la pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en uso del privilegio que le concede el monopolio legal de la violencia, y en nombre de una supuesta justicia. Es un castigo cruel y degradante que a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra los económicamente desfavorecidos, minorías y miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas, y muchas veces se aplica a menores o discapacitados. Sin olvidar que ha sido y sigue siendo un instrumento de represión política o sexual. Y es inevitable que se cobre víctimas inocentes. El universo de decapitaciones, ahorcamientos, inyecciones letales y fusilamientos compone un mapa de la infamia. Su abolición sigue siendo un fin humanista y democrático prioritario.