La sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a otros siete ediles del PP a pagar 25 millones de euros por vender por debajo del precio de mercado 1.860 viviendas públicas a dos fondos buitre muestra de nuevo en toda su crudeza la degeneración política de la corrupción que asola al Estado. Más aún cuando esas dos empresas formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. Es una punta más del inmenso lodazal en el que se han imbricado expolio público y corrupción, que cada semana sigue ascendiendo de las profundidades de la ciénaga mientras la política española deambula sometida a la presión política y mediática de un nuevo frente ideológico que aglutina a las derechas de PP y Ciudadanos y a la derecha extrema de Vox. Una operación que benefició con millones de euros en propiedades inmobiliarias a cambio del sufrimiento de cientos de familias. Pero no es un nuevo escándalo aislado en el tiempo. En pocos días, Interior ha reconocido que la propia policía montó una operación con fondos públicos reservados, sicario incluido, para robar a Bárcenas e intentar secuestrar a su familia con el fin admitido de impedir que documentación comprometedora llegara a manos del juez que está investigando la financiación ilegal y la trama Gürtel de corrupción del PP. O la justicia ha abierto una nueva investigación por el cobro de comisiones ilegales por la construcción del AVE a la Meca en Arabia Saudí, un caso en el que, según desvelaron unas grabaciones del comisario Villarejo, estaría implicado hasta con 80 millones de euros Juan Carlos de Borbón. Todo un gigantesco entramado que afecta a buena parte de las instituciones del Estado y al poder económico y financiero. Los intereses particulares se han impuesto a la ética democrática y han acabado irrumpiendo en el control de la toma de decisiones políticas y en un asalto indisimulado al saqueo de los recursos públicos. Un contexto en el que la bandera, el machismo y la nostalgia neofranquista son un patético intento de echar cortinas de humo sobre los escándalos de corrupción que se fraguaron y se sucedieron durante años en las instituciones del Estado.