Con el arranque del nuevo curso escolar quedan sobre la mesa elementos que merecen ser analizados desapasionadamente. Esto es importante en la medida en que se augura que el presente curso 2018-19 trae una expectativa de tensiones dentro y en torno al ámbito educativo tanto en aspectos laborales como políticos. Todos ellos merecerán en su momento ser encarados, desde las condiciones laborales de los profesores de la enseñanza concertada, hasta la tramitación parlamentaria de la próxima Ley Vasca de Educación. Pero algunos de los datos conocidos en el día de ayer reclaman su espacio específico en los debates que están por llegar. En primer lugar, en una circunstancia que tiene más calado social que el meramente educativo, el descenso de matriculaciones por causa de la menor natalidad. Este está destinado a ser un reto de país. La caída de matriculaciones en un 3% en el primer ciclo de educación (de 0 a 2 años) nos habla de una pérdida de capital humano en todas las facetas de la sociedad vasca en las próximas décadas. No cabe engañarse con las implicaciones que esto tiene y que hablan del cuestionamiento de la propia sostenibilidad del sistema de bienestar: a menor población joven, menor capacidad de generar recursos. Es preciso encarar esa circunstancia también al afrontar las estrategias migratorias. Las políticas de familia no son ya una iniciativa ideológica sino una necesidad social. En lo relativo estrictamente a la educación, es momento de desactivar para siempre la ficción de un problema relativo a los modelos lingüísticos del sistema vasco. La apuesta creciente por el trilingüismo con el euskera como lengua vehicular está en las familias, que en un 80% de los casos eligen el modelo D en lo sciclos infantiles por un exiguo 3,6% que apuesta por el castellano como prioritario. En consecuencia, la relación normalizada entre ambas lenguas ya no resiste debates estériles e interesados sobre la preeminencia de una sobre otra. Es un discurso del pasado que la sociedad vasca ha dado por amortizado con los hechos. En cambio, la mejora de las infraestructuras educativas, la garantía del derecho a la educación mediante el reforzamiento de las becas o la potenciación de la FP como una realidad formativa de presente y futuro, sí requieren consolidar un consenso amplio que apela a todos los agentes y partidos.