Unas recientes declaraciones del ministro de Hacienda del Gobierno español, Cristóbal Montoro, en las que sostenía -como ya había hecho con anterioridad- que la Generalitat presidida por Carles Puigdemont luego destituida no había gastado “ni un euro” de dinero público para la realización del referéndum del 1 de octubre ha generado una crisis entre los poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial) y, sobre todo, ha desnudado otra de las acusaciones que lleva a cabo el Tribunal Supremo sobre el procés: la presunta malversación. El asunto no es en absoluto baladí. No hay que olvidar que si finalmente el tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) no ve indicios del delito de rebelión en el procés, solo sería posible la entrega a España de Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos. Y si, como reafirma Montoro, no se ha empleado dinero público para el referéndum, Llarena se quedaría sin esta última oportunidad de encausar al expresident. El ministro sabe de lo que habla. El Gobierno español ya había intervenido en 2017, a través de su departamento de Hacienda, las cuentas de la Generalitat y controlaba absolutamente todos y cada uno de los gastos, facturas, transferencias y cualesquiera otros mecanismos por los que las instituciones catalanas pudieran emplear dinero público. El propio Montoro se congratulaba en septiembre ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados de que “ni un euro de la Generalitat se ha destinado a financiar el referéndum” y confirmaba que el Govern había remitido semanalmente “todas las certificaciones” requeridas. Sin embargo, los informes de la Guardia Civil a los que el juez Llarena parece conceder mayor crédito que a los datos del ministro apuntan a un posible uso de 1,9 millones de euros para el 1-O, pero no aporta ni una sola prueba que lo demuestre. La guerra entre Llarena y Montoro es de enjundia. El ministro -con un perfil gris, mucho más técnico que político- se ha atrevido a cuestionar la cruzada judicial contra el independentismo y, como en el cuento, ha gritado lo que resulta evidente: el rey está desnudo. En este caso, que la acusación de malversación -cuestionada también por el tribunal alemán, que ha pedido más datos- tampoco se sostiene, lo que dejaría en absoluta evidencia el sinsentido jurídico de este proceso y el absurdo de la judicialización de la política.