Como era de prever, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya mediante el que se suprime de facto el autogobierno legítimo y se sustituye por una gestión política a distancia y desconectada de la realidad social por parte del Gobierno español amenaza con alterar los consensos forjados durante cuatro décadas, con vulnerar derechos propios y con condicionar la convivencia ciudadana. La previa intervención de la economía catalana, el control de los Mossos d’Esquadra y asuntos como la autoritaria gestión que realizó el ejecutivo del PP en el asunto de la devolución de los bienes de Sijena ya apuntaban a que la aplicación del 155 se dirigía hacia una recentralización por la vía de los hechos y hacia un intento de desbaratar los logros obtenidos en Catalunya gracias a la construcción de un modelo propio de bienestar y cohesión social, cultural y lingüística. Por ello, el anuncio del Gobierno de Rajoy de que buscará por todos los medios “garantizar” en Catalunya el “derecho” a elegir la lengua en la que estudien los alumnos supone un claro intento de imponer el castellano y arrasar con el sistema de inmersión lingüística en los centros educativos que tan buenos resultados ha generado y que ha situado a la lengua catalana, cuatro décadas después, como un idioma al alza, de uso común y cotidiano de la mayoría de la ciudadanía y, como tal, como instrumento de cohesión e integración social y con prestigio en todos los ámbitos. Hay que recordar que mediante el actual sistema implantado en Catalunya, los alumnos utilizan el catalán como lengua vehicular y que se garantiza el aprendizaje del castellano mediante la asignatura de Lengua española. La excusa del Gobierno español, en este sentido, no se sostiene ya que todos los alumnos tienen los mismos derechos, lo que garantiza la cohesión. Aunque aún no ha dado detalles, la intención del ejecutivo parece abocar a la implantación de la denominada casilla lingüística en las solicitudes de matriculación de alumnos para que las familias puedan indicar que quieren que sus hijos estudien con el castellano como lengua vehicular. Sería, literalmente, volver a la casilla de salida; es decir, cuarenta años atrás. Utilizar el artículo 155 para este nuevo ataque al autogobierno y a la singularidad catalana da la medida de lo que se pretende. Los partidos y la ciudadanía catalanes deben tomar buena nota de ello.