Algunos incidentes que en las últimas semanas han tenido como protagonistas a inmigrantes menores de edad no acompañados o como escenario los centros que las instituciones públicas vascas han desarrollado para su acogida, protección y formación hasta la mayoría de edad o el reagrupamiento familiar han revelado el crecimiento exponencial de la llegada de inmigrantes menores y las dificultades que engloba la atención de sus necesidades, en ocasiones incluso a pesar de la resistencia a la misma que algunos de ellos ofrecen. En ese sentido, los datos parecen confirmar la denuncia que profesionales en la labor de acogida y expertos policiales han dejado caer sobre la existencia de mafias que dirigen a los menores no acompañados hacia los servicios de nuestro país, ya que el limitado incremento de inmigrantes residentes en el Estado en el primer semestre del año (+52.926 según el INE) no se corresponde con el exponencial crecimiento del número de menores inmigrantes tutelados en nuestro territorio. Así, mientras el aumento de la población inmigrante en los primeros seis meses de este año en Euskadi es de apenas 931 personas, la acogida de menores no acompañados ha crecido más de un 30%, pasando en Bizkaia de 360 en 2016 a 486 en 2017. La procedencia de los menores, llegados en una gran mayoría desde Marruecos, también avalaría esas denuncias, ya que los menores tutelados por las instituciones vascas suman más del 10% de todos los 4.017 inmigrantes llegados de ese país al Estado durante la primera mitad del año. Ahora bien, ni esa constatación ni los incidentes que se puedan registrar deben ser utilizados para el señalamiento del colectivo de menores no acompañados, entre los que la mayoría solo pretende completar su formación, acceder a un trabajo al alcanzar la mayoría de edad y contribuir a la economía de sus familias; tampoco a cuestionar la imprescindible labor institucional para su acogida y protección. Si acaso, lo que exige son acuerdos para una labor previa tanto en origen como en el punto de entrada al Estado, evitando su control y dirección por grupos de interés o mafias y, por supuesto, una actuación bastante más rigurosa de la Fiscalía que filtre y separe a quienes, pretendiéndose protegidos por dichos grupos, se resisten a cumplir las normas de convivencia que conlleva la integración en nuestra sociedad.