La caída del 11,1% en el número de nacimientos registrado en Euskadi en el primer trimestre de 2017 respecto al año anterior (4.050 por 4.557 en 2016) confirma el descenso continuado de los mismos en Euskadi desde 2011 -tras tres años previos de estancamiento- y rebaja la tasa de natalidad a 8 nacimientos por mil habitantes, muy por debajo de la media europea (10). Esa baja natalidad no solo contribuye al envejecimiento de la población vasca -el 50% será en 2050 mayor de 50 años, 4 puntos más que la media de la UE- sino que constituye el que quizá sea el principal problema de nuestro país a medio plazo: la sostenibilidad de una sociedad incapaz de asegurar el relevo generacional y, por tanto, el nivel de prestaciones y bienestar. Ahora bien, al afrontar dicho problema es preciso analizar las verdaderas causas, que no pasan por el sistema de ayudas y subvenciones a la natalidad, sino por medidas que lleven a la modificación de las condiciones del mercado de trabajo. Porque los datos son nítidos. Desde 2008, año en que se empezaron a notar los efectos de la crisis y en el que la natalidad aún mostraba cierta recuperación, el número de nacimientos ha descendido de 21.315 anuales a 18.240 en 2016 y las peticiones de conciliación laboral en las empresas han caído más del 30%. El descenso es notorio entre 2011 y 2016, periodo en el que el Gobierno Vasco ha invertido 290 millones en políticas de impulso a la natalidad que en los dos últimos ejercicios no han agotado los recursos por ausencia de solicitantes. Al tiempo, la realidad de que la crisis se ha cebado en la capacidad económica de los jóvenes también tiene traslación directa a la natalidad: el 71% de los nacimientos en 2016 (también en el primer trimestre de 2017) han sido de madres de 30 a 39 años y solo el 17% de madres de 20 a 29 años; lo que no extraña cuando el incremento del gasto por hijo -se calcula en un 20%- coincide con épocas de inseguridad económica e inestabilidad en el empleo. Hace ya 17 años, en junio de 2000, el Consejo de la UE y los ministros de Empleo y Política Social europeos adoptaron una resolución que animaba a los Estados miembro a desarrollar medidas para armonizar horarios laborales y escolares y animar a las empresas a tener en cuenta la vida familiar de sus empleados. Sigue pendiente. Y no se trata de cuestionar los principios de competitividad y productividad, necesarios en todo caso, sino de asegurarlos también en el futuro.
