La lectura crítica realizada desde el Partido Popular a la reunión mantenida el pasado lunes por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la apelación del presidente del Gobierno español al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para llegar a un acuerdo de Estado “en defensa de la unidad de España” vuelven a poner de manifiesto la incomprensión con la que se trata desde el Estado español las aspiraciones de autogobierno que la mayoría de las sociedades vasca y catalana vienen sosteniendo durante décadas. Evidencian al mismo tiempo el problema continuado que para el Estado supone la contención de esas pretensiones y lo fallido del intento de encajarlas que supuso la configuración de la estructura autonómica en 1978, así como el error de su transfiguración paulatina, a partir de 1981, limitando las capacidades de autogobierno a través de la normativa básica y del incumplimiento de los acuerdos estatutarios establecidos hace ya cuarenta años con el fin de lograr la homogeneización de las entonces denominadas nacionalidades históricas con las regiones conformadas como comunidades autónomas. Finalmente, también la equivocación de ignorar o diluir respectivamente las reformas estatutarias que con el fin de solucionar dicha desviación fueron aprobadas por las mayorías políticas de Euskadi en 2004 y Catalunya en 2006, hace ya más de diez años en ambos casos. La misma negativa de Mariano Rajoy a la idea de la plurinacionalidad que ha planteado el Partido Socialista en su último congreso, aun si como ha hecho posteriormente el encargado de desarrollarla, Patxi López, se circunscribe al ámbito de lo cultural sin ninguna referencia política, denota que quienes ostentan responsabilidades en el Estado se mantienen aún hoy empecinados en el error. Apelar a la soberanía única de España, negar la realidad de las mayorías que se dan en Euskadi y Catalunya, cada cual con modulación y vía propias como deja patente el último Deustobarómetro, y cerrar las puertas a un diálogo que abra la puerta a soluciones consensuadas solo serviría para incidir en la equivocación. Porque no se trata de que Euskadi y Catalunya se topen con un problema en la presunción de que la legalidad no permite sus aspiraciones, sino de que la legalidad deba proporcionar cauces a sus aspiraciones para dar solución al problema.