La insistencia de Sortu en su señalamiento de la Ertzaintza bajo una acusación, la de la práctica de torturas, que no se sostiene en la realidad del contraste entre el número de casos que dicha campaña dice denunciar y la del número real de denuncias y la resolución de las investigaciones y actuaciones judiciales al respecto, no solo devuelve a Euskadi imágenes que debía haber superado, sino que cuestiona de raíz el cambio de actitud que pretende la izquierda abertzale. Desde la constatación, pública ayer por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, de que “la Ertzaintza no ha tenido casos de tortura” y desde el rechazo a ese señalamiento por los propios socios de Sortu en EH Bildu, que no han dudado en recordar cómo la Policía vasca posee y pone en práctica un protocolo contra los malos tratos a los detenidos regido por las recomendaciones del relator de Derechos Humanos de la ONU, cabe colegir que la pretensión de la campaña desplegada ante las comisarías por la izquierda abertzale no es precisamente la de erradicar supuestas vulneraciones del derecho por parte de la Ertzain-tza, sino la de mostrar un perfil beligerante que le ayude a exorcizar las desavenencias internas, disidencias ya. Y es por esa motivación, distinta a la que sería loable de evitar los más leves pero siempre indignos episodios de degradación en el trato a arrestados -aún aislados y esporádicos siempre achacables a cualquier cuerpo policial-, que la denuncia se realiza mediante el método de la concentración callejera, al modo de tiempos pretéritos, en lugar de a través de cauces políticos y jurídicos que acabarían por constatar una realidad totalmente opuesta a la que Sortu pretende. En el fondo de esa actuación, en el señalamiento y sus formas, en la beligerancia frente a la Ertzaintza, cuya mera existencia ya fue el pretexto utilizado para tratar de deslegitimar durante décadas el desarrollo del autogobierno que cuestionaba de base la política de ruptura de la izquierda abertzale, y que curiosamente coincide ahora en el tiempo con un intento de limitar la capacidad operativa de la Policía vasca desde el Gobierno del Estado, se hallan las dificultades de ese sector político para reciclarse en aquello que la sociedad vasca le ha exigido reiteradamente o, cuando menos, su incapacidad para neutralizar las resistencias a hacerlo que halla en su seno.