La coincidencia de los distintos agentes implicados en la necesidad de un análisis de la Educación vasca tras el último Informe PISA, también tras las recientes evaluaciones diagnósticas propias; la falta de consenso político sobre las debilidades y fortalezas de nuestro sistema educativo, evidenciada ayer en el Parlamento; y la aprobación por los partidos que sustentan el gobierno de una propuesta para la creación de una nueva Ley vasca de Educación; así como el lógico escepticismo sobre el resultado para Euskadi de la búsqueda en el Congreso de un pacto de Estado para sustituir la Lomce; confirman la enseñanza como materia prioritaria -debe serlo siempre, en realidad- de esta XI Legislatura. Que el hecho de que lo sea tenga traducción en una mejora del sistema, sin embargo, exige apartar del debate sobre la educación toda tentación de uso partidista, también el equívoco de considerar que la financiación o los cambios legislativos son la panacea que soluciona todas las carencias en la enseñanza, algo que la propia situación de esta niega: si es por cambios legislativos, la educación en el Estado, con siete leyes distintas desde 1980, debería situarse en niveles de excelencia de los que, sin embargo, está bastante alejada; y si es por financiación, los recursos destinados por alumno en la enseñanza vasca deberían ofrecer, en contraste con el entorno, resultados muy superiores a los del recurrente Informe PISA. Por tanto y para no cometer errores similares a los que llevaron en el Estado a confeccionar las directrices de la enseñanza sin contar con los agentes implicados en ella, convendría que en Euskadi estos sí participen, con una visión realista y leal para con los responsables políticos, en el diagnóstico de situación del sistema vasco, que posiblemente presenta más ventajas que inconvenientes y al que el Informe PISA no dibuja en toda su realidad, inmersa en un cambio de paradigma con horizontes de futuro que parece lastrar hoy los baremos que clasifican los resultados académicos. Sin que por ello se deba trasladar la responsabilidad a los cambios sociales y su incidencia en las familias. Las urgencias no son buenas consejeras tampoco en materia educativa y no se trata de cuestionarlo todo, incluso lo que hace apenas meses permitía considerar puntera a la educación vasca, sino de diseñar métodos de mejora en aquellos aspectos, muy concretos, en los que esta es tan necesaria como posible.