Los datos de criminalidad facilitados hace unos días por el Departamento de Interior, que cifran en 88 las agresiones sexuales registradas hasta octubre en Euskadi -13 menos que un año antes y 30 menos que hace 6 años-, la última denuncia en la noche del día 31 en Leioa tras la agresión a una menor y el estudio de Emakunde que alerta respecto a la limitación de la libertad que supone el temor de las mujeres a ser víctimas de una agresión en plena calle coinciden en evidenciar la persistencia del problema que supone, en toda la amplitud de sus consecuencias, la desigualdad de género. Porque las agresiones sexuales, entendidas como cualquier conducta que atente contra la libertad sexual de una persona con violencia o imposición, sea esta física o psicológica, no son sino una de las manifestaciones extremas de la desigualdad entre géneros, algo palmario dado que se trata de forma invariable de una conducta unilateral en la que el agresor es masculino. Dicho esto, que implica la necesidad de redoblar esfuerzos en la concienciación social por cuanto aún no se ha logrado eliminar -aunque se hayan limitado- los efectos de la discriminación histórica entre el hombre y la mujer, es preciso constatar asimismo, siquiera como parte del ejercicio de prevención, las constantes que rodean y caracterizan a esa manifestación extrema de la desigualdad que son las agresiones o infracciones contra la libertad sexual. Por ejemplo, que nada menos que un tercio de las mismas tienen como víctimas a menores de edad, que apenas hay excepciones en cuanto a que se producen entre las doce de la noche y las nueve de la mañana y que seis de cada diez suceden en fin de semana; pero también que apenas se denuncian una sexta parte de los casos o que cuando sí se hace en múltiples ocasiones se halla una legislación -cuando no actitudes personales- que aún permite tibiezas y que no siempre responde a la exigencia y los estándares señalados internacionalmente contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. Concienciar contra la desigualdad y prevenir contra el delito es imprescindible, pero la profundidad del problema también debe llevar cuando menos a plantear la revisión de la legislación, como ya se ha hecho en Alemania, y la corrección de actitudes que a la hora de aplicarla tampoco terminan de superar los efectos del desequilibrio histórico entre géneros.