la celebración el jueves en Pamplona de una conferencia con delegaciones de Gasteiz, Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Valencia, Cádiz y Rivas (Madrid) para coordinar las querellas contra los crímenes el franquismo que se están investigando constituye la prueba efectiva de la inutilidad de los esfuerzos desplegados en el Estado español para tratar de dejar en el abyecto olvido los desmanes de la dictadura golpista. No se trata únicamente de la supuesta caducidad de las atrocidades franquistas, que responden a la definición de lesa humanidad especificada en el Estatuto de Roma -que el Estado español ratificó y en vigor hace ya 14 años- y del que se desprenden las actuaciones de la Corte Penal Internacional, sino también de la incapacidad para anular de forma infame la memoria de las víctimas y sus familias. Allegados que hacen lógica causa del principio básico de que la exigencia de justicia universal no puede estar ceñida a plazos con el apoyo de la mayoría social, explicitada a través de sus representantes políticos. Si hace apenas unos días los jueces recordaban a la Fiscalía General del Estado que no es competente para decidir sobre la toma de declaración de los querellantes en el procedimiento abierto por la magistrada argentina María Servini, dejando en evidencia la pretensión del Ministerio Público de evitarlas a través de una instrucción de obligado cumplimiento -enviada a los fiscales en la línea del ideario del PP-, los nueve ayuntamientos reunidos esta semana en la capital navarra vienen a proclamar que la promoción de las querellas no se basa en un afán de revancha, sino en “la exigencia humana de verdad, justicia y reparación”. Una demanda no solo legítima y necesaria, sino insoslayable en un Estado de Derecho. Y un trato pendiente, por ejemplo y en el caso de Gasteiz, para las víctimas del 3 de Marzo. Una iniciativa más que pertinente porque, incluso más de cuarenta años después de otros tantos de infausto franquismo, el Gobierno español parece perseverar en continuar ignorando aquellas dramáticas injusticias -que el PP como mínimo disculpa deslegitimando la República-, como si la memoria pudiera prescribir y las víctimas del totalitarismo hubieran merecido el inmenso daño padecido.