cuando van a cumplirse ya cinco años del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, parecía que, por fin, la Comunidad Autónoma Vasca iba a poder celebrar una campaña electoral normalizada de los comicios al Parlamento. Hasta ahora, la actividad terrorista y todo lo que la rodeaba -en forma de atentados, comunicados incluso pidiendo el voto para una opción política, operaciones policiales, etc.- y los procesos de ilegalización y prohibición de candidaturas habían mediatizado de manera notable todos los periodos preelectorales. Tras ello, cabía la posibilidad -y no solo la esperanza- de que estos comicios vascos de 2016 pudieran desarrollarse con la naturalidad y tranquilidad democráticas necesarias. Sin embargo, una vez más no va a ser así. El posible veto a la presentación de Arnaldo Otegi como candidato de EH Bildu, con todo lo que ello representa y supone, ha estallado ya y amenaza con convertirse en un elemento distorsionador que va a condicionar el normal desarrollo de la precampaña -ya lo está haciendo- y de la campaña. Este nuevo caso Otegi, con todos los elementos del Estado, incluida la Justicia, dispuestos a no permitir que se presente a los comicios, nace viciado porque es consecuencia directa de la injusta condena impuesta al dirigente de la izquierda abertzale que le ha llevado a pasar más de seis años en prisión. La inhabilitación para ejercer cargo público y la adicional para el derecho al sufragio pasivo -es decir, para ser candidato- derivan de aquella sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional por delitos de pertenencia a la organización terrorista al intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. La cuestión, una vez más, tiene dos patas: la puramente jurídica, técnica; y la política. El fiscal jefe vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado -y por ello está siendo sometido a un injustificado linchamiento mediático y político- que hay razones y argumentos jurídicos sólidos tanto para sostener que Otegi puede ser “inelegible” como para mantener que tiene todo el derecho a presentarse porque su condena ya está cumplida. Pero lo que está pesando es, sobre todo, la razón política. Otegi no debió ser condenado ni, en consecuencia, “inhabilitado” -aunque difícilmente el Tribunal Constitucional tendrá eso en cuenta- y debería poder presentarse ante los vascos en la campaña plenamente normalizada que por fin merecen.