La falta de acuerdo para la conformación de un gobierno en el Estado tras una segunda convocatoria electoral en el Estado y el periodo vacacional han rebajado, de alguna manera, la trascendencia de la convocatoria electoral que tendrá lugar en Euskadi el próximo 25 de septiembre. Cuando estamos a poco más de un mes para el arranque de la campaña electoral, los partidos vascos ultiman los programas, ofertas y candidatos que presentarán a los electores para los comicios autonómicos, que dibujarán un Parlamento Vasco muy plural, fragmentado y necesitado de acuerdos. Esta semana se han conocido los dos últimos candidatos a lehendakari de los grandes partidos: Pili Zabala por parte de Podemos -que aún tiene pendiente la posibilidad de un acuerdo de coalición con Ezker Anitza y con Equo- y Alfonso Alonso por el PP. Con ellos, se completa el abanico de los candidatos que concurrirán el 25-S y que aspiran a convertirse en el o la lehendakari y que se suman a Iñigo Urkullu, cabeza de lista del PNV y que buscará su segundo mandato, Idoia Mendia por el PSE y Arnaldo Otegi por EH Bildu. Curiosamente, de los cinco solo el actual lehendakari repite. Quedan, sin embargo, por conocer aún los programas y proyectos con los que cada candidato se presentará ante los electores vascos, más allá de que las trayectorias personales y políticas de cada uno de ellos y las siglas bajo las que concurren pueden aportar indicios sobre su candidatura y su actuación futura. En todo caso, nos encontramos, pese al poco tiempo que queda, ante una situación insólita impropia de un sistema democrático maduro, como es el hecho de que se desconoce aún si uno de los candidatos puede legalmente presentarse o no. No cabe duda de que Arnaldo Otegi, una vez cumplida su condena íntegra, debe tener derecho a concurrir a las elecciones, al igual que los ciudadanos deben tener derecho a votarle o no, y su presunta inhabilitación no deja de ser un castigo político añadido. La incertidumbre sobre este asunto es negativa no ya para Otegi y EH Bildu, sino para la sociedad y el sistema democrático, por lo que el Tribunal Constitucional debe decidir cuanto antes -y hacerlo de forma favorable a que pueda ser el candidato-, eliminando así del debate político un factor distorsionador y un aprovechamiento electoral en cualquier sentido, incluido el que pudiera realizar -como ayer mismo hizo- el propio Otegi.
