El anuncio por el todavía ministro de Economía, Luis de Guindos, de la modificación al alza de las previsiones del déficit para el actual ejercicio y para 2017, situándolas en el 3,6% y el 2,9% del PIB respectivamente, así como de la previsión de crecimiento, que se rectifica por el contrario a la baja (2,7% en 2016 y 2,4% en 2017) presupone en primer lugar el reconocimiento implícito de que aquella confección extemporánea -por adelantada- de los presupuestos que tanto se criticó a Mariano Rajoy estaba adosada a cálculos erróneos y no exentos de interés electoral. Y el anunciado recorte de 2.000 millones en las cuentas de este año es la prueba evidente. Por otro lado, la rectificación de De Guindos conlleva la necesidad nada inocente de contemplar medidas que, con ese mismo afán electoral y pese a las limitaciones de encontrarse en funciones, el Ejecutivo prepara ya de cara a una más que previsible repetición de la cita con las urnas en julio. Y un buen ejemplo es la decisión, filtrada ayer, de devolver en la nómina del mes de abril a los funcionarios de la Administración General del Estado la mitad de la paga extra suprimida en 2012 que aún estaba pendiente... tras pagar la primera mitad en octubre, casualmente también antes de la anterior convocatoria electoral. Dicho esto, otra cosa bien distinta será que el recálculo de las previsiones anunciado por De Guindos tenga otro efecto que las obligaciones a imponer por la Comisión Europea en forma de nuevos recortes como método de compensación del incumplimiento de los objetivos del déficit, lo que en la práctica supondrá que dicho incumplimiento para impulsar los fines electorales del Ejecutivo se imputa de nuevo al bolsillo de los ciudadanos. Pero es que además las nuevas previsiones del Gobierno Rajoy se realizan con el agravante de que serán heredadas por otro gabinete, sea cual sea el resultante de la repetición electoral, y sin siquiera pasar consulta con las comunidades autónomas, a las que ha achacado hace apenas unos días que se haya sobrepasado ese mismo límite del déficit en 2015. En el caso de Euskadi, que sí cumplió los objetivos el último año, tiene además una imposible traslación a la realidad. Porque, a expensas de lo que decida la Comisión Europea -no antes de mayo- y tras otras elecciones generales y las pendientes al Parlamento Vasco, el cálculo por la Comisión Mixta llegaría con la mayor parte del presupuesto ya ejecutado.