La denuncia del director de Amnistía Internacional (AI) para Europa y Asia Central, JohnDalhuisen, acusando a Turquía, con casos documentados, de expulsar a diario a centenares de refugiados sirios, incluidos mujeres y niños, devolviéndolos a su país, cuestiona de raíz la legalidad del acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el Estado turco que empezaría a aplicarse la próxima semana. Y cuestiona del mismo modo la iniciativa legislativa para implementarlo votada anoche por el Parlamento griego para reformar el proceso de demanda de asilo y regular la devolución de refugiados a los llamados “países seguros”. El mero hecho de que AI constate, con casos concretos, expulsiones masivas por Turquía de refugiados sirios debería ser suficiente para que Bruselas deje la aplicación del acuerdo con Ankara en cuarentena, pero esa exigencia adquiere incluso más fuerza cuando la propia UE no niega que exista esa actitud por parte de las autoridades turcas: la portavoz comunitaria, Mina Andreeva, admitía ayer que las medidas previstas para la implementación del acuerdo “pueden tardar tiempo en materializarse” y que las instituciones europeas “tomamos en serio las acusaciones” de Amnistía Internacional. Por un lado, si las medidas previstas para que el acuerdo se desarrolle cumpliendo con la legalidad tardan en materializarse, dicho acuerdo no debe estar mientras tanto en vigor por cuanto de riesgo para el respeto de los derechos fundamentales y de incumplimiento de la legalidad internacional supondría. Por otro, si la UE considera, como parece, no ya reales sino siquiera factibles las acusaciones de expulsiones masivas de refugiados, está implícitamente admitiendo que Turquía no es lo que la legislación internacional sobre el derecho de asilo y el convenio del refugiado consideran un “país seguro” (tampoco lo que indica la reforma legislativa griega que esconde a Turquía en una lista de países de esa índole para evitar darle directamente esa consideración) y, por tanto, no puede siquiera plantearse la devolución a Turquía de los refugiados -56.577 según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)- que se encuentran ilegalmente en Grecia, Macedonia, Serbia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria o Hungría y proceder, como estipula el acuerdo aprobado por los 28, a su intercambio por refugiados registrados que se hallen en suelo turco.