Los datos del informe sobre el impacto socioeconómico de la inmigración en Euskadi elaborado por el observatorio vasco Ikuspegi desmienten la tan repetida como falsa idea de que el colectivo de nacionalidad extranjera aporta menos de lo que recibe a través de los sistemas de protección social y que, por tanto, supone un coste para las arcas públicas. Dicho planteamiento, no exento de tintes xenófobos y en muchas ocasiones tampoco ajeno a la utilización política del populismo, es además contrario a la realidad tanto en épocas de bonanza como de crisis e incluso más allá del mismo balance, que ya sitúa los aportes del colectivo por encima del gasto -631.586.692 millones de ingresos por 593.3888.923 de gastos en 2012- o, por el contrario, de que el capítulo de aportaciones a la protección social procedentes de los inmigrantes haya crecido solo un 1,1% en los últimos cuatro años (del 3,3% del total de 2008 al 4,4% de 2012) frente al 2,4% (del 5% al 7,4% del total) en que se ha incrementado el porcentaje de gastos que se les atribuye. Y lo es porque la inmigración aporta a la sociedad vasca otros beneficios que no son intangibles aun si así se pretende desde ciertos ámbitos, especialmente en el aspecto demográfico y de relevo generacional en una sociedad envejecida como la nuestra, al contribuir al aumento de la tasa de natalidad o reducir la tasa de envejecimiento y de dependencia. También más allá del mero aporte económico o del hecho de que el gasto social de una persona inmigrante siga siendo inferior al de una persona autóctona, aun cuando el asentamiento general de la inmigración en nuestra sociedad y la constatación de que el colectivo inmigrante ha sufrido más el impacto de la crisis en Euskadi han contribuido a disminuir la diferencia hasta dejarla en apenas 41 euros por persona y año, de los 3.906 euros de coste por persona inmigrante a los 3.947 por persona autóctona. Esto es, los inmigrantes no solo gastan menos de lo que aportan, sino que gastan menos que los autóctonos, fundamentalmente por una menor utilización de ciertos servicios, al tiempo que contribuyen a la estabilización demográfica de la sociedad y, por tanto, a que esta pueda afrontar las obligaciones sociales del estado de bienestar derivadas de las altas tasas de envejecimiento provocadas por el alto nivel de desarrollo y bienestar que precisamente atraen a la inmigración.