si los catorce días previos de la campaña electoral no habían logrado aclarar los ejes sustanciales de la acción política que proponen al electorado los principales candidatos de los partidos de ámbito estatal, la jornada previa al día de reflexión sí desveló ayer algunas claves sobre las posibles coaliciones, un aspecto sustancial de lo que sucederá a partir del lunes. Las encuestas internas de los partidos -y alguna que se ha publicado en Andorra para eludir extra muros una norma electoral absurda- constatan un horizonte diabólico en el que ni siquiera un acuerdo entre dos formaciones aseguraría una mayoría suficiente para dotar de estabilidad a un gobierno. Con la excepción, eso sí, de que dicho acuerdo reuniese a PP y PSOE en esa gran coalición que, remedo de la grosse koalition alemana que preside Angela Merkel, pretenden algunos poderes y agentes en el Estado como soporte para una reforma de previsible carácter uniformador y recentralizante. Una gran coalición que, por cierto, Mariano Rajoy negó ayer haber propuesto, sin negar que pudiese ser factible. El resto de las opciones pasarían porque Ciudadanos apoyara una investidura de Rajoy, lo que Albert Rivera rechazó antes de rectificar y decir que la “permitirá” si ambos sumaran mayoría suficiente, lo que se antoja más complicado. O pasarían, en su anverso, por un acuerdo entre PSOE y Podemos que, bien por sí mismos bien con la colaboración de otras fuerzas que no desean que el PP siga gobernando, alcanzase esa mayoría. Tal vez una especie de calco de lo sucedido en Portugal, donde el triunfo electoral de la derecha no le resultó suficiente a Pedro Passos para ser investido y finalmente ha sido un acuerdo de las formaciones de izquierda la que ha permitido a Antonio Costa gobernar, aun si lo hace en minoría. O la fórmula que se aplicó en Vitoria, sin ir más lejos, para que Gorka Urtaran accediera a la Alcaldía. En cualquier caso, ante ese panorama de estrechos márgenes, la presencia en el Congreso de las formaciones periféricas y nacionalistas debe resultar determinante para acabar inclinando la balanza y, por consiguiente, abrir margen para la exigencia del respeto a sus respectivos intereses, en este caso de Euskadi y la sociedad vasca, incluyendo el proceso de reconciliación o la defensa del autogobierno.