El Gobierno de Mariano Rajoy amenazó desde el principio con emplear todos los instrumentos a su alcance para frenar el proceso soberanista en Catalunya y ya ha empezado a cumplirlo. No se trata ya solo de advertencias más o menos difusas o de los consabidos recursos al Tribunal Constitucional. Ahora el objetivo ha sido humillar al Govern bajo el intento de ahogar económicamente a la Generalitat. El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, ya advirtió de que no iba a secundar “veleidades independentistas” y el Consejo de Ministros del pasado día 20 materializó el nada sutil aviso al forzar la entrada de Catalunya en el FACe, es decir, el registro de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, lo que supone que la Generalitat “deberá informar diariamente desde el registro contable a FACe del estado de tramitación de cada factura recibida en dicho registro contable”. Es decir, un estricto control diario de las facturas por parte de la Hacienda que dirige Montoro. En definitiva, un chantaje económico pero también político, porque el Gobierno de Rajoy no oculta que lo que busca es hacer descarrilar el proceso independentista catalán. El primer episodio de lo que parece una clara venganza se ha saldado con la obligada aceptación del Govern a este humillante control, de modo que Hacienda transfirió el viernes a Catalunya 319 millones del fondo autonómico de rescate (FLA), que presta dinero a las comunidades a interés cero, para hacer frente a los pagos correspondientes a noviembre. Esta inyección permitirá, por ejemplo, el pago a los proveedores farmacéuticos o atender a los vencimientos de deuda. El Ejecutivo español se apresuró a sacar pecho: “La Generalitat ha empezado a cumplir las condiciones”, afirmó ufana la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Todas las circunstancias reales que rodean este asunto hacen dudar de que las condiciones impuestas a Catalunya sean estrictamente económicas, ya que no se han tomado con ninguna otra comunidad en circunstancias similares. Cabe pensar que más bien se trata de una aplicación blanda y un tanto sui géneris del artículo 155 de la Constitución con el que constantemente se amenaza a la Generalitat, suspendiendo de facto la autonomía económica del Govern, lo que sería intolerable. Y probablemente no solo no surtirá el efecto pretendido, sino más bien el contrario.
