La sesión plenaria de ayer en el Parlament de Catalunya, con la aprobación por 72 votos contra 63 de la resolución que “declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”, y el discurso de Artur Mas para lo que se prevé su fallida investidura de hoy, abre una situación de impasse para las instituciones catalanas y el Estado español en la disyuntiva entre una ruptura de horizonte impredecible o un diálogo que hasta la fecha no ha tenido lugar como tal. El recurso al Tribunal Constitucional firmado ya por Mariano Rajoy solicitando la suspensión de la resolución, y que en previsión de esta acción el pronunciamiento catalán indique ya textualmente que “el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del TC, que se considera deslegitimado”, parecen acelerar la vía hacia la ruptura. Pero al tiempo, la ausencia de un acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP para la investidura -proceso que se puede prolongar hasta el 9 de enero- pospondría la colisión entre Catalunya y el Estado hasta después de las elecciones generales del 20-D, a la espera de un eventual cambio en la interlocución que se ofrezca por parte del Gobierno español, aun si esta posibilidad se antoja remota en virtud de las actitudes en las que coinciden PP y PSOE respecto de las exigencias catalanas. En todo caso, con la previsión de que el Parlament inicie la elaboración de tres leyes individuales que empezarían a dotar a Catalunya de estructuras de Estado sorteando la segura suspensión por el Tribunal Constitucional, el soberanismo catalán mantiene sus reclamaciones en el escaparate internacional y cuestiona la posición política española con el argumento, ya esgrimido ayer por Artur Mas, de que “en las democracias de baja calidad o las pseudodemocracias se utilizan la Fiscalía, la Policía y los tribunales para frenar o abortar la voluntad popular”. Y más allá del riesgo inmediato de que el PP utilice -e incluso azuze- en su beneficio electoral la crispación que pueda generar esta situación y de que condicione las posibilidades de cambio en la interlocución en Madrid, este proceso situará a Catalunya a medio plazo en condiciones de negociar desde parámetros diferentes una ineludible reconfiguración del Estado.