en el proceso de devaluación de los derechos democráticos y de las libertades civiles que lleva impulsando el PP desde que en 2011 accedió al Gobierno español con mayoría absoluta hay tres proyectos que han destacado sobremanera por la controversia política y judicial que han despertado durante todo el proceso de debate. La Ley Mordaza, la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista contra el yihadismo -las tres leyes a las que que a las que el Congreso de los Diputados ha dado finalmente el visto bueno en un mismo paquete con el rodillo de los populares- suponen una involución de 180 grados hacia un modelo predemocrático más propio de la vieja dictadura franquista. Ninguna de ellas son cuestiones menores. En una sola sesión parlamentaria, la mayoría absoluta del Gobierno del PP -en algunos casos con el incomprensible apoyo de los votos del PSOE en una nueva dejación de sus valores ideológicos que le impone el régimen bipartidista- limita la libertad de prensa, recorta el derecho a la información de los ciudadanos, restringe la libertad de expresión y opinión y acuerda multas desorbitadas para atemorizar a organizaciones sociales, partidos, sindicatos y ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la protesta. Además, cuela por la puerta de atrás la cadena perpetua encubierta. El paquete se suma a una nueva reforma punitiva del Código Penal -que ya era uno de los más duros e ineficaces de la UE- que extiende el endurecimiento de las penas de cárcel o las restricciones a la libertad de opinión o a la restricción de la justicia universal. Todo un conglomerado ideológico reaccionario que organiza una normativa predemocrática. Este histórico recorte de derechos democráticos y libertades civiles aúna un conjunto de medidas que, más allá de su carácter electoralista y propagandístico, carecen de eficacia real, son en su mayoría de dudosa legalidad constitucional -la cadena perpetua anula el derecho fundamental de reinserción de las personas condenadas- y abren una peligrosa puerta a extender la persecución de toda disidencia y protesta políticas bajo el calificativo de presunto terrorismo. Cada una de estas polémicas reformas responden a una coherencia con el sustrato ideológico del PP en cuanto al proceso de privatización del Estado de Bienestar, la precarización sociolaboral y la regresión en derechos y libertades.