Desde que hace ya unos meses Javier Maroto, alcalde de Gasteiz, decidiera abrir una polémica artificial a cuenta de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el cobro, a su entender de manera irregular o incluso fraudulenta, por parte de determinados colectivos de inmigrantes -entre los que señaló muy directamente a los magrebíes-, la manipulación de algunos datos, la tergiversación interesada y la utilización torticera de los contados casos de abusos ciertos pero en ningún caso generalizados han dado paso a un falso debate en el que, a falta de argumentos reales, se ha intentado falsear la realidad y, sobre todo, los datos. Se han llegado incluso a ofrecer cifras escandalosas de cantidades supuestamente cobradas por algunas personas -siempre extranjeras- como prueba de que el sistema de garantía de ingresos existente en Euskadi es una especie de coladero mediante el que muchas personas pueden vivir muy bien sin trabajar y sin tener intención alguna de hacerlo. Los datos reales, por contra, no dicen eso. Las rentas medias de los beneficiarios de las ayudas sociales rondan en la comunidad autónoma vasca los 720 euros, cantidad fruto de la suma de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a la que no todos tienen derecho y cuyo tope es de 250 euros. Se trata, por tanto, de cifras razonables, que nada tienen que ver con cantidades desorbitadas y que cumplen con su función de garantizar la dignidad de las personas y de las familias y evitar su exclusión social. Es más, son muy pocos los beneficiarios que obtienen las cantidades máximas establecidas. Curiosamente, además, los datos indican también que la gran mayoría de quienes cobran la RGI poseen la nacionalidad española así como que las cifras más altas cobradas corresponden a personas procedentes de países con escaso peso en los colectivos de inmigrantes. Es decir, que más allá de las polémicas interesadas generadas por un afán electoralista pero cuya socialización con argumentos manipulados genera un peligroso clima de enfrentamiento, lo cierto es que los datos indican que la RGI y, en general, el sistema de garantía de inserción es un instrumento aún imprescindible, cuya demanda aumenta debido a la grave crisis económica y al paro y sin la cual Euskadi sería una sociedad más desigual, menos cohesionada y con miles de personas excluidas. Un precio demasiado alto por un puñado de votos.
